Durante el franquismo, la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) se propuso reconocer «la necesidad de reconstrucción espiritual y material de la patria» sin olvidarse de «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión». España finalizaba una guerra civil, las heridas de la contienda se encontraban abiertas y causaban un terrible dolor, pero esa ley creó un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y se embarcó, sin ningún tipo de pudor, en castigar conductas «anteriores» a la promulgación de la misma ley, destruyendo el principio de «irretroactividad penal» que sienta unas bases en la protección jurídica de la ciudadanía. Tal ley es tenida como una «aberración jurídica» que utilizó la legalidad como instrumento para consumar venganzas, represión y escarmientos sobre los vencidos; afectó a gran número de pobres desgraciados, desasistidos e impotentes ante la apisonadora legal del Estado, condenados a sucumbir bajo unas temibles «Comisiones provinciales de incautación», contra las que estaban indefensos, desamparados. Dicha ley juzgaba hechos y conductas «anteriores» a su promulgación, cuando tales comportamientos no eran delito. Así, en el año 1939 se enjuiciaron sucesos de 1934 en adelante. Fue una ley concebida para saquear legalmente a los vencidos. Juzgar como prohibidos actos del pasado que, cuando ocurrieron, eran perfectamente legales porque ninguna ley los vetaba, puede que sea una reciente tendencia «reparadora» del Derecho, pero es muy discutible constitucional, jurídicamente, y no digamos éticamente. Hoy, quienes no desean «legislar en caliente» el presente, legislan con pasión secuaz sobre el pasado, a veces con leyes jurídicamente inútiles en fondo y forma, pero muy ideológicas, ruidosas. El presente parece importar poco, mientras el futuro y el pasado (siempre inabordables) concentran grandes esfuerzos legislativos. Quizás por eso la Ley de Memoria Democrática se ha propuesto imponer «justicia y reparación» sobre hechos del pasado que llegan hasta la Ley de Amnistía de 1977. No hace falta ser un jurista de reconocido prestigio (ni siquiera de reconocido desprestigio) para intuir que hacer justicia retrospectiva no es justicia sino, sobre todo, una flagrante, baldía e interesada injusticia. Pero en esas estamos.