A vueltas con la amnistía

En enero de 1976, en la plaza de Cataluña de Barcelona, presencié una manifestación en la que se gritaba «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Entonces, en el País Vasco, se reivindicaba la legalización de la ikurriña, la oficialidad del euskera, la reintegración foral y la amnistía. Y 18 meses antes, en el verano de 1974, el príncipe Juan Carlos, Jefe de Estado en funciones, tuvo un contacto indirecto con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo. Fue en París, a través de José Mario Armero y Nicolás Franco Pascual de Pobil, y como Carrillo cuenta en sus memorias, lo que a estos les dijo fue que «la muerte de Franco debe ser el fin de la dictadura. Nada de continuismo. La ruptura con el pasado debe dar paso a un sistema basado en el sufragio universal, libertad sindical, de partidos y amnistía política.» Como podemos ver, entonces, los que demandaban la amnistía no eran los franquistas sino los contrarios al «régimen anterior».

El 30.07.1976, 26 días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, en un Consejo de Ministros celebrado en La Coruña, presidido por el Rey, se concedió una amnistía para los delitos de intencionalidad política y de opinión tipificados en el Código Penal y en las Leyes Penales especiales de la que quedaron excluidos los delitos de terrorismo. Esta medida de gracia fue considerada insuficiente por la oposición. Por eso, como reconoció monseñor Uriarte en 2018, en vísperas de las elecciones generales de 1977, los obispos vascos viajaron a Madrid para entrevistarse con Suárez y pedirle una amnistía total. Suárez también recibió –10.05.1977– a los representantes de los partidos nacionalistas y a estos, y con relación a la amnistía les dejó entrever que después de las elecciones saldrían todos los presos a la calle.

Dicho y hecho. Tres meses después de celebrados esos comicios, Adolfo Suárez, encargó a José Pedro Pérez Llorca, que era representante del Gobierno en la Comisión de Urgencia Legislativa, organismo creado para adecuar la legislación franquista a las normas de un Estado democrático, que negociara una ley de amnistía con el entonces diputado del PNV, Xabier Arzalluz. Ambos se reunieron en secreto en casa del letrado del Consejo de Estado, José María Martín Oviedo, en la calle Claudio Coello 120 de Madrid, para debatir sobre la amplitud y el alcance que debía tener esa amnistía. Arzalluz dijo: «Tenéis que hacer un esfuerzo para que no quede un solo preso de ETA en la cárcel». «Eso no es tan fácil. Muchos de ellos tienen delitos de sangre. Y, además, son delitos de hace quince días. Delitos de sangre contra nosotros, los demócratas, no contra el anterior régimen» arguyó el de UCD. «Hay que intentarlo. Si no, el País Vasco arde», insistió Arzalluz. «Pero si muchos de los atentados no han sido contra el anterior sistema, sino contra nosotros …» replicó Pérez Llorca. Y Arzalluz, utilizando por primera vez el término de «chicos equivocados» para referirse a ETA, le respondió: «Es que son unos chicos equivocados. Por eso, no se los puede condenar».

El resultado de esa negociación fue la amplia amnistía que se aprobó el 15 de octubre con tan sólo dos votos en contra. Al término de la votación los miembros del Gobierno y los diputados aplaudían felices pensando que iba a ser el bálsamo que hiciera desaparecer a ETA porque, con ella, se había borrado la huella de todos sus crímenes y sus terroristas habían quedado limpios. Pero esa medida de gracia no sirvió de nada, como tampoco sirvió la aprobación de la Constitución, ni los estatutos de autonomía, ni la creación de parlamentos y gobiernos en Euzkadi y Cataluña, ni los conciertos económicos vascos que vendrían después. Nada colmó a ETA que siguió matando y con mucha mayor intensidad. Así, en 1976 los muertos por terrorismo fueron 33, en 1978 113 y, en 1979, 247.

Pero la amnistía sirvió para que atentados como el de un año antes –4.10.1976– que costó la vida de Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, de su conductor y de tres policías de su escolta, quedase impune. Porque, como declaró cuarenta años después –10.04.2017– su hija, Maite Araluce: «las familias de las víctimas no saben quiénes fueron los autores de esa masacre. Estos, ni han pagado por esos crímenes ni lo van a hacer porque la amnistía fue un borrón y cuenta nueva... Estas víctimas no tuvieron derecho a la justicia porque esos casos que fueron limpiados por la amnistía ni se investigaron, ni hubo detenidos, ni hubo juicio.

Por tanto, si los que al comienzo de la Transición demandaban la amnistía de 1977 ahora quieren revisarla, que ésta alcance a todos. También a los de ETA.

José Ignacio Palacios Zuasti, fue senador por Navarra