¿Inmersión o asfixia de derechos?

Jorge Fernández Díaz

El caso del niño de Canet ha provocado que emerja a la superficie la realidad de la denominada «inmersión» lingüística, convertida de hecho en una lamentable «asfixia» ante la presión y coacción tanto pública como privada contra las familias que se limitan –y se atreven– a pedir que se cumpla la ley con sus hijos, para que puedan recibir algunas asignaturas en su lengua materna. Exige una profunda reflexión y autocrítica, previa a una necesaria rectificación, que la solicitud de que se cumpla la ley en un ámbito tan sensible para los niños como es la educación, se convierta en un bochornoso apartheid propio de la anterior Sudáfrica y del Ku Kux Klan.

En primer lugar, es preciso recordar que hablamos de «la lengua española oficial del Estado», y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», en dicción literal de la Constitución en el art. 3 de su Título Preliminar.

Por la vía de una política de hechos consumados hemos pasado de un deseable y justo bilingüismo en las comunidades autónomas que tienen recogida en sus Estatutos la cooficialidad de una lengua propia, a la práctica eliminación de la lengua oficial española en el ámbito público, y de manera especial en el educativo y los medios de comunicación. Así, por ejemplo, en Cataluña TVE mantiene un canal en catalán, mientras que la corporación catalana TV3 tiene una total ausencia de programación en castellano, lo que representa una evidente segregación y discriminación televisiva y radiofónica para la audiencia cuya lengua materna es el castellano y que además representa más de la mitad de la población y que, por cierto, con sus impuestos financia esa corporación oficial.

En la escuela pública, tanto la oficial como la concertada, en aplicación de la política de «inmersión lingüística», hemos llegado a la situación tan ilegal –así lo ha ratificado el Tribunal Supremo– como execrable de padecer el referido apartheid lingüístico y social.

El acoso a las familias que tienen el elemental coraje de pedir que se cumpla la ley en la escuela para sus hijos, trae causa de la inacción del Gobierno con la inexistencia de una Alta Inspección que garantice el respeto de la norma. Su presencia se hace inexcusable en la actualidad ante la utilización de la lengua como ariete en un proyecto secesionista que tiene por sujeto político a la «nación catalana», que sin la lengua resulta debilitada en su identidad diferenciada de la diversa y común española. Por desgracia, el catalán no es regulado como un instrumento de comunicación y vehículo de una cultura específica digna de protección y ayuda. La imposición está dañándola en lugar de favorecerla.