¿Salvar a Sánchez o salvar a España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene por videoconferencia en la II Cumbre Global sobre Covid-19
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene por videoconferencia en la II Cumbre Global sobre Covid-19 FOTO: Pool Moncloa/Fernando Calvo Pool Moncloa/EFE

En España el debate ya está abierto en canal ante la opinión pública y publicada: ¿es compatible ayudar a sobrevivir políticamente a Sánchez, argumentando además que se hace por interés del Estado? Esta pregunta viene a colación tras las diversas votaciones realizadas en la sesión plenaria de anteayer jueves en el Congreso, todas ellas salvadas por los votos de la oposición –PP, Vox y Cs–; especialmente la relativa al proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional de evidente interés general.

El caso Pegasus vivido esta semana ha sido el último capítulo de un continuado intento de demolición del Estado que comenzó el 1º de junio de 2018 con la moción de censura que aupó a La Moncloa a Pedro Sánchez con el magro soporte de los 84 diputados de su partido, el PSOE, pero apoyado por fuerzas políticas diversas –«el bloque político de la moción», colocado desde entonces en la «dirección del Estado»–, fuerzas unidas entre sí tan solo por el común interés de infligir el máximo daño posible a España y a las instituciones de nuestro Estado democrático y de derecho. Desde esa fecha vivimos instalados en la contradicción existencial de tener un Gobierno de la Nación y del Estado apoyado por quienes lisa y llanamente son sus enemigos declarados. El singular cese –ni destitución, ni sustitución– ofrecido en bandeja de plata al secesionismo republicano catalán, de la directora del CNI por haber osado cumplir con su deber de vigilar y espiar a quienes conspiran para aniquilar España, es una indignidad solo imaginable en un dignatario que ha acreditado sobradamente que su única guía de actuación es la satisfacción de su afán de poder.

Hubo un tiempo en el que conjugar el verbo dimitir era una realidad en la esfera pública, bien por considerar un deber de conciencia renunciar a la responsabilidad correspondiente por estimar que la permanencia en el cargo era incompatible con los principios y valores del interesado, o por entender que era lesivo para el interés general de la Nación. Con el sanchismo nos hemos adentrado en un inhóspito territorio en el que «el fin justifica los medios», incluso cuando es claramente injustificable por ser contrario a una mínima exigencia de ética pública, como el caso que nos ocupa.

El afán de poder personal no puede prevalecer nunca ante el superior interés general del país, reflexión obligada ante el cariz que están tomando los acontecimientos y la reiterada voluntad del interesado de no dimitir ni convocar elecciones bajo ningún concepto. Todo ello sin perjuicio de los omnímodos poderes confiscatorios que la reforma de la ley otorga a Sánchez.