¿Una hambruna mundial?

Cuando la guerra en Ucrania va camino de su cuarto mes, y como un efecto colateral de esa tragedia, dada la condición de este país como principal abastecedor del mercado de cereales, emerge la amenaza de una hambruna generalizada en una parte de la población mundial.

Esta amenaza es llamativa vinculada a un pueblo que padeció el Holodomor –«hambruna» en ucraniano– que, promovido por Stalin, provocó la muerte de varios millones de campesinos ucranianos entre 1932 y 1933, en lo que también ha pasado a la Historia como un auténtico genocidio. La política ya ha tomado posiciones y así Rusia, por medio de su ministro de Exteriores Lavrov, va a tratar la posibilidad de que mercantes con grano ucraniano salgan con medidas de seguridad del puerto de Odessa, en el Mar Negro. Mientras, Bruselas ha acusado a Rusia de «utilizar el suministro alimentario como arma de guerra», y su colega estadounidense Blinken culpa a Rusia de «robar las exportaciones de cereal para venderlas a beneficio suyo».

Este escenario movió ayer al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros un Proyecto de Ley de «Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario». El Ministro del ramo, Planas, compareció para dar una serie de datos que mostrarían la conveniencia y necesidad de tomar medidas para evitar el derroche de alimentos. Al parecer, los hogares españoles tirarían anualmente a la basura un total de 1.364 millones de kilos de comida, lo que equivaldría a 31 kg o litros por persona.

Por ello, se establece que los restaurantes estarán obligados a informar a sus clientes de que pueden llevarse las sobras a casa –una práctica ya bastante común en la actualidad– y la ley prevé que se «alargará la vida de los alimentos». Esto no será mediante ninguna fórmula mágica, sino destinándolos a fines como bancos de alimentos, usándolos para producir zumos y mermeladas, para alimentar animales, o como subproductos para la industria de reciclados.

A falta de más información, de momento no parecería que vayan a existir problemas para que esa iniciativa prospere, aunque se apuntan algunos interrogantes acerca de su adecuada implementación. En cuanto a los 31 Kg por persona y año, se supone resulta de la división de esos 1.364 millones de kilos que se desperdician. Esto equivale a 44 millones de españoles, cifra que exigiría incluir a niños y ancianos, para los que parece elevada esa cantidad de alimentos desperdiciados que se les imputa.

Los supermercados y restaurantes se exponen a multas de hasta 60.000€ si incumplen la ley. Habrá que hablar de la PAC y de nuestra producción de cereales.