Opinión

Se dispara la pérdida de poder adquisitivo de las rentas familiares

Extremadura, con la renta familiar más baja de España es la cuarta región en subida del IPC, con un 9,4%

Se dispara la pérdida de poder adquisitivo de las rentas familiares
Se dispara la pérdida de poder adquisitivo de las rentas familiares FOTO: Antonio Cruz

El Banco Central Europeo ha confirmado esta semana las medidas que se venía anunciando en pos de volver a la senda del déficit público controlado. Christine Lagarde, anunció así la subida del precio del dinero, un cuarto de punto y el fin de la compra de deuda pública de los países de la Unión Europea, poniendo fin a la «barra libre» del endeudamiento nacional.

El BCE pretende con este paso, poner coto al creciente proceso inflacionario, control al que renunció tras la crisis generada por la pandemia por coronavirus. Entre los factores que se quiere atajar está la subida sostenida del IPC, que viene de mucho más atrás de la invasión rusa de Ucrania, y está empobreciendo a las familias en España. El índice general de precios se encuentra en el 8,7% de incremento interanual, lo que se une a las mañas perspectivas que muestra el crecimiento del PIB, especialmente en España, que es el único país de la zona euro que aún no vuelto a la senda de crecimiento anterior a la pandemia.

Así, lo que constatan los datos económicos, es que, con este IPC tan elevado, si un hogar medio ahorraba en 2021 la cantidad de 3.694,24 euros, un año después la renta disponible es de 1.345,61 euros. Por persona el «colchón» es menor, pues hemos pasado de 1.443,78 euros a 499,98 euros. Pero esto es en teoría. Si no se consigue contener la inflación los datos para 2023 serán negativos. Y eso que se trata de una media nacional. Desde luego que ya hay familias e individuos en «números rojos», que no llegan con su sueldo a fin de mes.

Pero la realidad nos dice, con estadísticas oficiales, que la pérdida de poder adquisitivo de las rentas de familias y personas, es mucho más grave; la mayor parte del presupuesto de los hogares va a parar precisamente a los grupos de bienes y servicios que más se han encarecido.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) no dice que la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles han visto subir hasta el 17,5% su precio en los últimos doce meses. El capítulo de transporte se ha incrementado en un 14,9% y el de alimentación en un 11,0%. Los presupuestos familiares quedan pulverizados y hay que recortar y ello no garantiza que se pueda ahorrar.

Como estos son los principales conceptos de gasto de los hogares, el gasto real de las familias se ha disparado más allá del 8,7% genérico. Por lo que la pobreza ya está llamando a las puertas de muchos españoles. Se ha adelantado año y medio a las medidas de austeridad a las que se verá obligada la Administración española en 2024, con la vuelta a la disciplina fiscal, reducción del gasto «social» (para mantener la viabilidad de las pensiones, pago de intereses y amortización de la deuda y el compromiso de duplicar el gasto militar en tres años), y el adelgazamiento del Estado, en aquellas actividades no esenciales, en todos los niveles, desde el local al central, pasado por el autonómico.

Pero el encarecimiento de la vida no es igualitario en todos los territorios de España. Extremadura, con la renta familiar más baja de España; 22.250 euros es la cuarta región en subida del IPC, concretamente han llegado al 9,4%. En Castilla-La Mancha los precios se han encarecido en un 10,6%, récord nacional, y tiene la cuarta renta familiar más baja de la nación. En la Región de Murcia, quinta región con menor renta, la carestía es del 9,2%.

Otras autonomías con subidas del IPC superiores a la media nacional, pero que también tienen rentas por debajo del promedio de país son Castilla y León, con el 9,9%, Galicia con el 9,8%, Andalucía y Asturias, ambas con el 8,9% y Cantabria con el 8,8%.

La consecuencia directa de la subida de precios es la reducción del consumo en general, uno de los elementos que impulsa la economía y el crecimiento, algo que arrastra a su vez a la recaudación vía impuestos, por lo que el Gobierno tiende a incrementarlos, reduciendo, entre otras medidas, las exenciones fiscales, frenando, a su vez, el gasto o las inversiones de las empresas.

Por otro lado, las familias españolas ahorran poco o nada, por lo que los depósitos bancarios se resienten y hay menos liquidez para la concesión de créditos tanto a empresas como a familias. Esto, unido a las próximas y sucesivas subidas de intereses y las restricciones en la deuda pública a partir de julio, ya mencionadas, nos presenta un futuro muy pesimista a corto y medio plazo.