Un PSOE en evidencia ante la Unión Europea

La Comisión Europea, a través de su vicepresidenta Vera Jourová, instaba de nuevo, y van tropecientas veces ya, al Gobierno a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después de más de tres años y medio de bloqueo por falta de acuerdo entre PSOE y PP, este ya urge y su renovación es inaplazable, pero no hay que olvidar los últimos quiebros de un PSOE que parece dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Así que tendría el PP la responsabilidad de jugar bien sus cartas, pues ceder a todas las demandas del gobierno de coalición para acabar con esta situación anómala, sin conseguir una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes, sería permitir la politización del poder judicial y poner en riesgo su independencia. Esta reforma no era un capricho del PP de Casado ni una mera excusa esgrimida como condición sine qua non, puritito antojo, para no perder cuota de poder, como pretendía el Gobierno sugerir cuando acusaba a la oposición de ser la única responsable de eternizar el bloqueo. Es la manera ineludible de que la LOPJ en España se adapte a los estándares europeos de elección de vocales y a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en lo referente a la independencia judicial. Y aunque ahora, con Feijóo a los mandos, ya no es esta una de las exigencias (error), las negociaciones con el PSOE tendrán que esperar, ya ha avisado de ello, al menos a que pasen las elecciones andaluzas del próximo domingo. Y, entonces, ya veremos. A lo gallego: ni sí, ni no. Ni sube, ni baja. Pero mientras tanto, por si la cosa no era lo suficientemente preocupante y acuciante, el pasado domingo veían expirar su mandato cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero como Sánchez monta un circo y le crecen los enanos, la reforma impulsada en marzo de 2021 por el propio Gobierno para forzar al PP a renovar el CGPJ, y que prohíbe a este hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones, es ahora la que le impide nombrar a este a los dos magistrados que le correspondería. Y aunque PSOE podría nombrar en solitario a los otros dos que le corresponde nombrar, y que le darían una mayoría progresista en este momento, sería un movimiento dudoso y bastante cuestionable. Aun así, Pilar Llop, la ministra de Justicia, aseguraba que era esta una opción «bastante viable». No sería la primera vez que a Sánchez le da igual ocho que ochenta y, lo que piensen los demás, todos, a él plin. Pero, de momento, lo cierto es que el bloqueo del CGPJ afecta ya también al Tribunal Constitucional, que no es la mejor imagen la de un país que parece dispuesto a no respetar la indepencia de su Poder Judicial antes que despolitizarlo y que la Unión Europea no hace más que tirarnos de las orejas. Y ahí tiene Feijóo su mejor baza: así las cosas, haría bien en recoger inmediatamente el capote que suponen las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea, que insistiendo en la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ lo que está es dando la razón al PP al pedirlo como condición previa para el diálogo, dejando con ello claro, además, que quien no está dispuesto –no lo ha estado nunca– a renunciar a meter mano en la justicia es el Gobierno. Ignorar el mandato de la Unión Europea, empecinándose en eternizar este bloqueo, deja a este PSOE en evidencia. Ya no le sirve señalar a la oposición, como un Donald Sutherland cualquiera, infectado y acusica en «La Invasión de los Ultracuerpos», mientras grita, inmóvil, «la culpa es de ellos».