Corredor no cae porque Moncloa teme la factura

La disyuntiva a la que se enfrenta el Gobierno es mantener a Beatriz Corredor en su puesto, como presidenta de Red Eléctrica (REE), o bien obligarla a asumir las responsabilidades directas del apagón que dejó a oscuras a toda España. Esta última posibilidad la ha frenado la advertencia legal de que «cesar» a Corredor podría interpretarse como un reconocimiento implícito de responsabilidades por parte del Estado en el fallo eléctrico, y esto abriría la puerta a esas temidas reclamaciones patrimoniales millonarias de empresas, instituciones y particulares afectados.

Las conclusiones de las primeras horas señalaron, con la prudencia obligada, que Red Eléctrica tenía una responsabilidad directa en el apagón como organismo encargado de la gestión y supervisión del sistema eléctrico. Ante la presión que se venía encima, el nombre de Corredor entró y salió rápidamente del esquema de gestión de la crisis, porque, al ser una designación de Moncloa, enseguida se dieron cuenta de que si ella cae, cae también la responsabilidad política sobre el Ejecutivo.

La estrategia que ha impuesto Moncloa se ve con reparos en el equipo económico y más técnico. Pero en la parte política están convencidos de que culpar a las operadoras privadas les va a servir para esquivar la responsabilidad y hasta blindarse patrimonialmente. «Es una jugada táctica pensada en Moncloa y que encaja bien, además, con nuestro relato sobre el poder de los grandes grupos energéticos frente al interés general», describe una ministra, a la que no le toca, ni tangencialmente, la gestión del apagón.

Reclamaciones millonarias

Esta ministra, con conocimientos jurídicos, explica los motivos de fondo que oculta la estrategia de Moncloa. «Si Corredor cae, no solo se señala su gestión, sino a la del Gobierno que la nombró. Y nos arriesgamos a que se active la vía contencioso-administrativa o civil para pedir reclamaciones millonarias al admitir, aunque sea de forma indirecta, que hubo una negligencia o un fallo que era prevenible». Y aquí, en esta exigencia de responsabilidades, hay que incluir a todos, a los grandes clientes, a los particulares, a ayuntamientos y otras instituciones afectadas por los daños y que consideren que hay una responsabilidad objetiva del Estado por fallos en la gestión del sistema eléctrico.

Por tímido que haya sido el apoyo blindado a Corredor, la instrucción que opera es que hay que desviar la atención de REE y del Estado para proteger su flanco político y patrimonial.

En ese sentido, desde Moncloa también han impuesto en el nivel técnico de REE el silencio, pese a los datos de la jornada de autos que ya permitían, en clave estrictamente técnica, apuntar hacia dónde pudo estar el fallo de la empresa que preside Corredor.

Frente a este análisis, lo que explican en el Gobierno es que, si REE no fue capaz de aplicar sus protocolos, como responsable última de la gestión y de la supervisión del sistema eléctrico, fue porque en algún momento los operadores privados no cumplieron sus obligaciones o protocolos para que esa red de protección de REE actuase con la diligencia necesaria. La política de «tapar» tiene un recorrido limitado, y la sensación de que se hurta la verdad a los ciudadanos también tiene un coste.

Dentro del Gobierno reconocen que es imposible que un apagón en todo el país no tenga consecuencias, sobre todo cuando uno de los actores principales del sistema, responsable en última instancia de la seguridad en toda la red, es una sociedad participada por el Estado.

Economía y otros Departamentos ven con sentido más crítico el señalamiento por parte del presidente del Gobierno a los operadores privados y también la foto en Moncloa con las eléctricas, dentro de ese relato dirigido a trasladar a la opinión pública el mensaje de que se les estaba reclamando explicaciones por lo ocurrido.

Jugar en clave política

El consejo que circula de puertas adentro es que deben andarse con cuidado no vaya a ser que, como se temen, el final de la investigación no exima a REE de responsabilidades, sino que las apuntale, y todo este camino para ganar tiempo, y jugar en clave política con el apagón, a fin de atraerse el apoyo de las clases medias y trabajadoras afectadas, se vuelva en su contra con un peligroso efecto bumerán.

El miércoles estará el presidente del Gobierno en el Congreso, y se espera que ofrezca unas explicaciones preliminares de la investigación comandada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con los datos facilitados por REE y los operadores privados (Iberdrola, Naturgy, Acciona, Endesa y EDP). Parlamentariamente, la intención del Gobierno es tapar la crisis del apagón con la campaña que ya tienen preparada contra el PP por votar en contra de las ayudas frente a los aranceles, como también lo hará Vox.

En el Gobierno creen que esta votación, y el «No» del PP, es el mayor regalo que les puede caer para poner sordina al tema del apagón y hacer que la conversación gire hacia la extrema derecha española en vez de alrededor del coste de una política eléctrica condicionada, en buena parte, por intereses ideológicos.

El PP ya anticipó la pasada semana ese voto en contra del decreto para responder a los aranceles de Trump con el argumento de que el Gobierno no había aceptado ninguna de sus propuestas.

Después de las primeras aproximaciones, la conclusión impuesta es descalificar al Gobierno por «inflexible» y no moverse de una posición que consiste en que o se aceptan sus propuestas o no hay nada más de qué hablar. La política de Trump es un interrogante más sobre cómo evoluciona el voto en el espectro de la derecha.