«¡Con mi dinero, no!»

Fue el 20 de julio de 2006, en plena negociación de Zapatero con ETA, cuando se nos pretendía hacer creer que los etarras estaban arrepentidos, que su «alto el fuego» era definitivo, que habían dejado de matar y extorsionar, el Ministro de Interior aseguraba que no había evidencia alguna de cartas de extorsión a empresarios, … y por todo esto el Gobierno buscaba –con unos cuantos jueces indignos, que desprestigiaron a la Instituciones a las que representaban– que los allegados a ETA tuvieran unas siglas a las que poder votar, porque de no ser así, se les discriminaba.

En este contexto, el Foro Ermua convocó en Pamplona una rueda de prensa a la que asistieron innumerables periodistas, en la que se hizo público el Manifiesto de empresarios vascos y navarros «CON MI DINERO, NO!», en el que se leía: … «ejerciendo la libertad que se nos niega (…) nos negamos, en público y en privado, a que con nuestro dinero se financie el terrorismo y se rearme ETA. Es decir, nos negamos a pagar ese mal llamado “impuesto revolucionario” durante la mal llamada “tregua o alto el fuego” (…) Lo realmente revolucionario en el País Vasco y Navarra (…) es la resistencia democrática al chantaje habitual de los extorsionadores del independentismo totalitario». A continuación, se mostraron algunas de las cartas de ETA recibidas y remitidas al Ministerio de Interior. Para más evidencia, ese mismo día el Diario de Navarra había publicado una de esas «negadas» cartas de la banda a un empresario navarro. «En nuestras manos –continuaba el manifiesto– está negarnos pero en manos del Gobierno está la obligación de hacerles frente con todos los resortes del Estado de Derecho y con todos los altavoces mediáticos». Huelga recordar cómo el Gobierno traicionó esa gallarda reacción ciudadana de un sector durante décadas desprotegido.

Después de este desahogo de la memoria de nuestra historia reciente, debo centrarme en el tema que hoy nos ocupa. Por una de esas curiosas asociaciones de ideas y ocupados y abrumados con las Declaraciones de la Renta, que nos exigen desembolsos abusivos a todas luces, mientras no dejan de conocerse gastos excesivos por parte del Gobierno y de sus colaboradores fue inevitable que saltara, espontánea y reiteradamente, desde el hipotálamo: ¡Con mi dinero, NO!

Nos limitaremos a enumerar unos cuantos ejemplos, de todos conocidos y no por ello menos expresivos, del despilfarro que sufrimos a la vez que es espoleada hasta la ruina la –hasta ahora– sólida y amplia clase media española:

Que el presidente del Gobierno utilice para sus actividades lúdicas el avión oficial destinado al Gobierno y a la Jefatura del Estado, no parece un empleo sobrio del Dassault Falcon 900.

En un Estado en extremo hipertrófico –con 17 gobiernos autonómicos y 2 ciudades con estatuto de autonomía, 41 diputaciones y 8.131 ayuntamientos– con el gasto público más elevado de la UE y de toda nuestra historia democrática, Pedro Sánchez no repara en gastos y para las mil piruetas que exige el cese de los más destacados miembros de su gobierno –erosionado cumpliendo sus propias órdenes– despilfarra en asesores la friolera de 48,3 millones en 9 meses, lo que supone un incremento del 115 % tras los ceses para su «lavado de imagen».

Es más, se empeña en tener 22 ministerios, la mitad de los cuales duplican competencias y se dedican al más explícito y burdo adoctrinamiento. Mientras, Alemania mantiene sus 14 ministerios teniendo 45,8 millones de habitantes más que España (83,24 vs 47,43).

Los «menores no acompañados» reciben una paga mensual entre 400-700 €, mientras honorables ciudadanos, que llevan toda la vida cotizando, reciben una pensión de 750 €. Por su parte, el Parlamento Catalán aprueba por unanimidad que la paga de estos menores sea de 664 €/mes y que se prolongue hasta los 23 años. No olvidemos que la deuda de Cataluña, que asumiremos todos, se ha casi cuadruplicado en los últimos diez años (de 20.825 a 78,732 millones de euros).

El Ministerio de Igualdad adjudica 600.000 € para postgrados y actividades acerca de la nueva versión de la «ideología de género» que –por cierto– indigna a las asociaciones feministas. Además, este Ministerio duplica su gasto de personal.

Adolescentes de 16 años pueden acceder a los traumáticos y caros tratamientos de cambio de sexo (hormonales y quirúrgicos), sin el conocimiento de sus padres. El Hospital de Cruces de Bilbao asumirá estas intervenciones supliendo a su vecina Cantabria, en esto no hay fronteras autonómicas.

Son sólo «botones de muestra» expresivos de la demencial gestión económica, sin mencionar el reparto de los fondos SEPI de la UE con la adjudicación de 53 millones a la Aerolínea Plus Ultra, con un solo avión, en estado de quiebra desde 2.019 y con la mitad de accionistas colaboradores del Régimen de Maduro, que ha supuesto un verdadero agravio para las PYMES y autónomos españoles con verdaderos apuros tras los años de pandemia.

Con una deuda pública que alcanza la cifra récord de 1 billón 184 mil millones de euros, el gobierno continúa derrochando porque el «dinero público –a su juicio– no es de nadie», mientras el contribuyente literalmente se arruina para pagar a Hacienda, que pretende recaudar lo inasumible: ¡CON NUESTRO DINERO NO, Presidente!

Inma Castilla de Cortázar Larrea es Catedrático de Fisiología Médica, Vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). Hasta 2008 fue vicepresidenta primera de Organización del Foro Ermua y, desde entonces, Presidenta

RECTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TITULADO «¡CON MI DINERO, NO!»

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, se publica rectificación solicitada por la aerolínea Plus Ultra en relación con el artículo publicado el 17 de junio de 2022 en la edición digital de LA RAZÓN, bajo el título «¡Con mi dinero, no!», firmado por Dña. Inma Castilla de Cortázar. Así:

- En relación con la afirmación consistente en que Plus Ultra se encuentra “en estado de quiebra desde 2019″:

“Tal y como afirmó el Consejero Delegado de la aerolínea en una entrevista publicada en este medio, el pasado día 15 de abril de 2021, en 2019 Plus Ultra generó una facturación de 94 millones de euros, logrando un crecimiento vertiginoso y convirtiéndose en la aerolínea que más creció ese año, con un incremento del 47% frente al ejercicio anterior. En los primeros meses de 2020, hasta que la pandemia truncara los planes de todo el sector de la aviación, generando la necesidad de pedir ayudas al Estado para garantizar su supervivencia, la compañía lograba un crecimiento de más del 180%, lo que indica la increíble progresión que estaba registrando y el enorme potencial de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En el momento de solicitar las ayudas a la SEPI por las pérdidas que se habían generado a raíz de la crisis por la pandemia Covid-19, la aerolínea cumplía con creces los criterios de solvencia definidos por la propia SEPI y los demás actores financieros involucrados en el proceso de concesión de las ayudas. Concretamente, al final de 2019, se calculó una ratio de patrimonio cercana a un 70%, teniendo en cuenta tanto la financiación externa como el capital de los asociados (los requisitos de la SEPI exigen un mínimo de un 50%), y la aerolínea cumplía con creces los criterios exigidos a nivel del ratio de deuda de capital y de cobertura de intereses para los años 2018 y 2019. No estaba en causa de disolución en el momento de pedir las ayudas, tal y como se constató en el careo entre peritos que se celebró el pasado mes de marzo, no se aportó ningún elemento que pudiera conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ al cierre de 2019. Además, la empresa está cumpliendo con todas las medidas contempladas en su plan de viabilidad, y ya ha empezado a devolver el préstamo en línea con los plazos acordados.”

- Respecto a la afirmación en el artículo de que “la mitad de [los] accionistas [son] colaboradores del Régimen de Maduro”:

“Los accionistas y consejeros de la empresa no han formado parte de ese gobierno ni de ningún ente público en ese país. Han ejercido su profesión o actividad en el sector privado. Plus Ultra es una compañía absolutamente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuela. La aerolínea no tiene ningún contacto con el gobierno venezolano o con ningún otro más allá de las relaciones habituales necesarias para el desarrollo de su actividad. Es, además, una empresa española, su sede central está en Madrid y paga sus impuestos en España. El capital social de Plus Ultra es mayoritariamente español, así como es mayoritariamente español su consejo de administración. Algunos miembros del accionariado son, en efecto, venezolanos y/o tienen doble nacionalidad española-venezolana.”

- En relación a la afirmación consistente en que en el momento de pedir las ayudas Plus Ultra contaba con un solo avión:

“Plus Ultra tenía en ese momento cuatro aviones en su flota, y de hecho, acaba de anunciar hace dos semanas el aumento de esta flota en tres aeronaves más.”