La Memoria Democrática de ETA

Desenterrado Franco, ahora le toca el turno a José Antonio que, por cierto, fue fusilado en la prisión de Alicante cuatro meses después de comenzada la guerra. Es parecido al caso de Calvo Sotelo, que fue secuestrado de su domicilio la noche del 13 de julio de 1936, asesinado por policías de la República, entre ellos miembros de la escolta de Indalecio Prieto, y abandonado en un cementerio madrileño. El primer gobierno socialista de la ciudad de Barcelona le retiró la plaza que se le dedicó; su demérito debe ser ese: merecer ser asesinado vilmente por los republicanos demócratas del momento. Es propio de mentes enfermas de odio y sectarismo y con ganas de venganza, atreverse a elaborar una Ley de la «Memoria Democrática» para reabrir heridas, tumbas y trincheras, y calificar de demócratas a los integrantes del Frente Popular –anarquistas, sindicalistas, socialistas y comunistas–, autores de los mayores desmanes conocidos en nuestra historia, con una Segunda República que nos precipitó a una sangrienta Guerra Civil y una persecución religiosa que ni Diocleciano llegó a igualar.

Lo que acaba de envilecer a los promotores y autores de dicha iniciativa legislativa es colocar como árbitros de la misma a los sucesores políticos de la banda terrorista ETA, que regó de sangre, extorsión, bombas y secuestros las calles de España durante más de cuarenta años. No sorprende que Bildu –socio preferente del sanchismo– se muestre exultante ante lo conseguido, afirmando que «pondrá en jaque el relato de una Transición ejemplar». Colocarlos como árbitros de lo que debe ser considerado legalmente democrático de nuestra reciente Historia, es poner a los verdugos como jueces de sus víctimas.

La ley de esa «democrática memoria» permitirá investigar las violaciones de los derechos humanos hasta 1983, calificados de franquistas a ocho años de la muerte de Franco y cinco de aprobada la Constitución. Una vileza de este tenor es inimaginable, y pretende construir una historia escrita a satisfacción de quienes tuvieron por objetivo impedir la Transición a la democracia mediante el terrorismo indiscriminado. Asesinaron a 856 personas: servidores del Estado que cumplían con su deber y personas cuya su existencia entendían entorpecía el desarrollo de sus acciones, o simplemente no eran afines a sus ideas.

En cuanto a los democráticos frentepopulistas republicanos, vamos a rememorar las «chekas», inhumano instrumento de tortura importado de la URSS y aplicado por anarquistas y comunistas. Da para un capítulo entero de la «democrática» memoria. Esa ley es una enmienda de totalidad al espíritu de la Transición hacia nuestra democracia. Firmada por ETA.