Necesitamos juristas y no leguleyos

La reunión entre Sánchez y Feijóo fue bien. Es una gran noticia, aunque ahora comienza la parte complicada que es la negociación que permita desbloquear la renovación del CGPJ y hacer los nombramientos del TC. Lo primero es complicado, mientras que lo segundo está muy claro porque hay que elegir cuatro magistrados, dos por el Consejo y los otros por el Gobierno. Por tanto, se producirá un giro hacia la izquierda, aunque cabe esperar que sean juristas que no se dejen guiar por los intereses partidistas. Se trata de dirimir si las cuestiones planteadas son o no constitucionales, porque el Alto Tribunal no se creó para complacer al Gobierno o ser la correa de transmisión de sus intereses. Como cuestión previa es inaceptable que se pretenda imponer caprichosamente al CGPJ quién tiene que ser el presidente en funciones. Han de ser los propios vocales quienes lo decidan, porque estamos ante una inaceptable e ilegítima intromisión en la capacidad de organización de un órgano constitucional. No puede ser que se pretenda llevar a término una cacicada con el único apoyo del informe de un letrado. Ni que fuera la conjunción de Schmitt, Kelsen, Heller, García-Pelayo, Fernández-Miranda y Lucas Verdú. Por tanto, el informe a la papelera, de donde nunca debió salir, y los vocales, sin excepción, a defender la institución.

Entrando en lo importante. Los líderes del PSOE y el PP tienen la oportunidad de resolver un grave conflicto institucional consagrando la separación de poderes y la independencia del CGPJ. La posición de la UE es muy clara, pero también es una muestra de sentido común. El sistema actual es un despropósito que ofrece un espectáculo muy poco edificante. Mi padre amaba el Derecho y siempre me recordaba esa conocida idea de que «a los jueces se les debe conocer por sus sentencias y no por su nombre». Ahora no es así, porque los miembros del CGPJ y el TC tienen, desgraciadamente, una etiqueta. No pretendo que se conviertan en robots, pero sí que sean independientes. Nada impide que un jurista tenga sus ideas políticas, todos las tenemos, y actúe con un escrupuloso respeto por el ordenamiento constitucional. Es mucho más fácil de lo que parece y es solo cuestión de voluntad, coherencia, formación, experiencia y amor por el Derecho.