Esta semana pasada, he quedado maravillado al comprobar que, por lo menos, siete integrantes del actual gobierno se han puesto de acuerdo en afirmar que gracias a sus medidas se ha solucionado un problema de convivencia que, según ellos, existía en Cataluña. Mi maravilla ha aumentado exponencialmente cuando he comprobado que ninguno de estos cerebros privilegiados, que tan presuntuosamente hablaban del territorio que habito, vivían en él ni conocían su cotidianidad.

Soy catalán, nací en Cataluña y llevo viviendo desde hace muchos años en la zona. Puedo decir, por tanto, con conocimiento de causa, que el único aspecto del que los catalanes podemos estar orgullosos en los últimos tiempos es precisamente de que, a pesar del gran problema político y jurídico que el nacionalismo ha provocado en nuestra región, si algo no se ha quebrado entre nosotros ha sido la convivencia.

Los catalanes hemos seguido levantándonos, yendo al bar o al trabajo y compartiendo nuestra vida y muchos momentos con gente que opinaba ideológicamente de formas opuestas. Nunca necesitaremos a oportunistas de la política que vengan a inventarse una realidad para presentarse como salvadores, cuando todos bien sabemos que solo defienden su interés propio más inmediato.

Entiendo perfectamente que, con esa incompetencia y frívolo desconocimiento de la sociedad catalana, estos mesías de pacotilla hayan sido incapaces de cortar en las últimas décadas el problema que el nacionalismo supone. Y es que el problema de fondo sigue ahí y no consiste en un problema de convivencia sino de educación. Una educación que, en las últimas décadas en Cataluña, no ha sabido proyectar el catalanismo de otra manera mejor que no sea el camino del supremacismo, la xenofobia y la exclusión del otro.

Dos consejos para ellos: asuman de una vez que los catalanes y los catalanistas son dos cosas diferentes y, luego, dejen de practicar la indulgencia interesada y selectiva con conductas que suponen despojar de derechos al vecino o a sus conciudadanos.