La erosión de las instituciones

Es difícil sustraerse a la situación de crisis institucional que vive España. Dicen los artífices de la Transición que estamos ante hechos insólitos que amenazan con socavar los cimientos de la Constitución, que ha permitido sustentar las bases de nuestra convivencia durante casi 45 años, gracias al esfuerzo de todos. Cuestión clave, pues en el pacto constitucional se implicaron las derechas y las izquierdas para superar la pertinaz tendencia española a la autodestrucción, en una suerte de reencuentro que nos permitió reconciliar el país, dejando atrás los horrores de la guerra.

En el reciente Manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, suscrito por personalidades de todas las ideologías, se dice que la reforma del Código Penal emprendida por la actual mayoría de socialistas, antisistema e independentistas, es un «intento de ruptura del orden constitucional». Lo es ciertamente, pero no sólo por lo que en sí supone la prevaricación política de derogar el delito de sedición para que se aplique a personas que apoyan al Gobierno, o que se malbarate la malversación con el mismo fin, sino sobre todo porque se van a modificar por vía de enmienda dos leyes orgánicas tan importantes como las del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con el único fin de dirigir la Justicia.

La realidad es que el desafío de la actual coalición de gobierno parece cada vez más claro, y va más allá de esta reforma. Controlados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el objetivo será remover el actual orden para instaurar uno nuevo que ya no tendrá al consenso de la Transición como eje. Eso es imposible, dicen algunos, pues la Constitución impide su reforma sin el sustento pleno de los dos grandes partidos, PSOE y PP. A lo que ellos responden que no es verdad, pues el sistema entero puede ser demolido por la vía de convocar un referéndum constituyente para aprobar por mayoría absoluta en Las Cortes una nueva Constitución, refrendada después en referéndum popular. Es la fórmula recomendada por el Foro de Sao Paulo a las izquierdas para alcanzar el poder y no dejarlo nunca. Las elecciones a posteriori por la sospechosa vía del voto electrónico se encargarían de lo demás. Cataluña y País Vasco serían estados dentro de la Confederación ibérica. Es el precio a pagar para que el independentismo apoye este nuevo proceso, que ya no será el «procés» catalán, sino el «proceso español».

El desafío es de tal magnitud que el centro-derecha y la izquierda democráticas no pueden obviarlo. Plantear una moción de censura sin más a lo Abascal es perder el tiempo. Pedir como el PP a Sánchez que convoque «elecciones ya» incita a la risa floja en Moncloa. A provocaciones extremas, respuestas sensatas. La oposición no puede permanecer sentada en sus escaños como si nada mientras se conculca la Constitución. Si se levantan y se van, quedan en evidencia ante Europa. Y no vuelven hasta que no se cumpla la ley. ¿Moción de censura? Puede ser, pero para vencer, trabajando entre bambalinas, no aireándola en las radios para salir en una foto, sin más. Es una idea lo de poner un candidato del antiguo PSOE tipo Vázquez, Redondo o González para ganar la moción y convocar elecciones. Ese sería un plan. Ahora no hay ninguno.