La deuda pública más alta registrada ahoga la economía española

España está endeudada, y los pronósticos no son nada halagüeños, dada la política económica y «de tierra quemada» del actual Ejecutivo, que, aprovechando la rebaja de los niveles de exigencia de los supervisores de Bruselas, comprando la deuda de los estados de la Unión Europea, sin reparos, ha llevado a cabo y está llevando, la economía española a un nivel de endeudamiento tal, que harán falta varias generaciones para atajar esta sangría, pues los intereses que se han de pagar, ahogan la capacidad del país para generar una senda de crecimiento sostenible.

Así, los datos del Banco Central Europeo (BCE) al finalizar el tercer trimestre de 2022, situaban la deuda pública española en el 115,6%, la más alta de toda la historia de nuestro país.

Desde el año 2000, con Aznar en La Moncloa, comienza a reducirse el porcentaje que la deuda pública representaba sobre el PIB. Este periodo de crecimiento económico se interrumpe drásticamente con la llegada de la crisis económica de 2008. En estos nueve años España reduce su deuda pública del 58,2 por ciento al 36,4 por ciento de su PIB.

Finalizada la época de expansión económica de la era Aznar, el gobierno socialista comienza a recurrir al endeudamiento, creciendo en 2009 por primera vez en una década. Año tras año la senda alcista en la deuda llevará a que esta alcance y supere en 100% del PIB en 2013. Con las medidas tomadas por el primer gobierno de Rajoy en 2012 y que empezarán a dar resultado desde 2014, el déficit comienza a estabilizarse. En 2015 ya se produce la primera bajada porcentual del peso de la deuda pública sobre el PIB. Este descenso perdurará hasta 2019, cuando se alcanza el 100,2%, fecha en la que los efectos de las medidas económicas de Rajoy se diluyan con la llegada de Sánchez al poder. España registraba en el mes de septiembre de 2022, fecha de la estadística del Banco de España, un 115,60% de deuda pública sobre el PIB. Cuando Aznar deja el gobierno en 2004 la deuda pública estaba en el 45,8%.

Con los datos del tercer trimestre de 2022 podemos comparar la situación que nos deja la actual administración de Sánchez con la que se encontró al ocupar La Moncloa. Comparando la media del periodo 2000/2018, Sánchez ha multiplicado por 1,6 la deuda de la administración central, por 1,9 la de la administración local, por 2 la de las autonomías y por 7,2 la deuda de la Seguridad Social. Los números rojos de la SS alcanzaron en noviembre los 106.176 millones de euros, por lo que las pensiones están amenazadas. Pronto se cumplirán los 5 años de gobierno de Sánchez, tiempo más que suficiente para haber acabado con la economía sumergida y poner a cotizar en la Seguridad Social a los millones de trabajadores de la economía informal y a miles de empresarios y autónomos que siguen en la «clandestinidad», que tampoco tributan a Hacienda. El coste anual para las arcas del Estado por tolerar la economía sumergida ronda los 50.000 millones de euros; IRPF, IVA, Cotizaciones a la SS, etc…

Los ingresos por IRPF de este ejército sumergido equilibrarían las finanzas del Estado y salvarían a la Seguridad Social de su cercana quiebra. Pero para ello habría que terminar con la red clientelar de prestaciones y subsidios que perpetúan esta situación irregular de un porcentaje muy elevado de nuestra economía. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) la sitúa en un 23,1% del PIB, por encima de la media de la Unión Europea que es del 13%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y si, además, se acabara al mismo tiempo con el gasto público ineficiente, unos 60.000 millones de euros anuales, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España entraría en la senda del progreso económico y social.

Este último lustro se ha perdido, ha sido un tiempo de aplicar el bisturí para corregir, pero Sánchez ha preferido maquillar. Por lo que estamos ahora peor que cuando llegó a lomos de ERC y Bildu.

Lo factible para superar esta crisis de deuda es crecer económicamente y reducir el gasto superfluo y las cargas sociales del Estado. Este objetivo se cubriría con el afloramiento de la economía sumergida y con rigor en la administración del dinero público. Mientras que la solución que el actual gobierno preferiría sería la de convertir en perpetua la deuda o que el BCE la condonara y pusiera el contador de nuevo a «cero».