En Estados Unidos existe la figura conocida como «Pay to Play» (pagar para jugar), que es un concepto importante tanto en la política como en la administración pública. Se ha convertido en un símbolo de la corrupción institucionalizada. Esto afecta, también, a un acto lícito para conseguir un fin ilícito. Es utilizada por los fiscales en sus acusaciones y la condena más famosa fue a Rod Blagojevich, gobernador demócrata de Illinois, que intentó «vender» el escaño en el Senado que había dejado Barack Obama a cambio de favores o contribuciones. Por un momento, imaginemos que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos necesita que le voten siete electores del Colegio Electoral para ser reelegido. La única salida que tiene es «comprar» esos votos con una orden ejecutiva o una ley que signifique amnistiar a unos políticos, entre los que se encuentran sus líderes, que han atentado contra el ordenamiento constitucional. Desde que se produjo ese acontecimiento tan grave, aseguró que una amnistía sería inconstitucional y que nunca lo haría. Por tanto, no solo conoce el fin ilícito de esa decisión, sino que había asegurado que se mantendría firme, pero, finalmente, lo acepta, hace que sus senadores y congresistas voten a favor y los magistrados del Tribunal Supremo que han sido nombrados por su partido acaban estableciendo que es constitucional.

La realidad es que nunca se llegaría a este punto y no existe un personaje tan falto de ética y dignidad en el Tribunal Supremo de Estados Unidos como Cándido Conde-Pumpido. Sus magistrados, a diferencia de sus mariachis, son juristas de reconocido e incuestionable prestigio. Al igual que le sucedió a Nixon, hubiera dimitido para no ser sometido a un impeachment. Es bueno recordar que Sánchez, al igual que ese hipotético presidente de Estados Unidos, obtiene beneficios personales muy claros manteniéndose en su cargo. No solo consigue el poder mediante una conspiración que en Estados Unidos sería calificada de criminal, sino que goza de un nivel de vida y unos privilegios que están a su alcance porque ocupa la presidencia. Sánchez vive en un palacio, tiene gastos ilimitados, cuenta con tres residencias adicionales en varios puntos del territorio nacional y dispone de aviones y helicópteros que utiliza a su antojo. No creo que consiguiera ese ritmo de vida trabajando en una empresa o gracias a la fortuna de su suegro. Por tanto, hay un claro beneficio económico y social personal gracias a un acto de corrupción política como es comprar la presidencia del Gobierno. En España ni existe la figura de «Pay to Play», que Conde-Pumpido y sus mariachis no conocerán, ni, desgraciadamente, un tipo penal que incluya esta forma de corrupción política. Un presidente, un gobernador, un senador o un congresista que hicieran algo así serían detenidos por orden del fiscal federal competente en la materia. Lo sucedido, tanto por el escandaloso comportamiento de Sánchez como por la indigna actuación de la mayoría sanchista del Constitucional, hace necesario que se introduzcan modificaciones en el Código Penal que permitan perseguir este tipo de comportamientos. Hay zonas grises en la corrupción, pero el legislador puede clarificarlas. La extorsión institucional, como ha sido la amnistía, puede delimitarse hasta el punto de impedir que alguien como Sánchez pueda ser un ventajista que se aproveche del sistema para satisfacer sus intereses personales.

Conde-Pumpido ha validado esta forma de corrupción política con una sentencia que confirma que no es un jurista, sino un mero operador del Derecho que desborda sectarismo y fanatismo. Ha elegido el subterfugio de ignorar el origen y el fin ilícito de la norma, algo que no hubiera podido hacer como juez, pero en este caso ha actuado como un político al servicio del poder. Es impresionante que defienda que el Parlamento pueda aprobar todo aquello que no prohíba la Constitución, aunque me temo que su indignidad le puede conducir, si le dan tiempo, a aceptar un referéndum independentista o el sistema de financiación singular. La sentencia no es más que una chapuza que no quiere reconocer la obviedad de que estamos ante una autoamnistía impuesta por los delincuentes. Ha sido impuesta e incluso elaborada por ellos. En el Estado de Derecho resulta excéntrico que se pretenda consagrar una soberanía del Poder Legislativo capaz de mutar la Constitución vulnerando principios tan importantes como la separación de poderes, la legalidad penal, la prescripción de la arbitrariedad, la igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la participación política de los parlamentarios.

Es un texto que responde a un fin ilegítimo que se fundamenta en mentiras ampliamente conocidas por los seis magistrados que votaron a favor. Es un ataque brutal contra el Tribunal Supremo y una descarada muestra del uso alternativo del Derecho con el fin de complacer al poder político. Es una mentira que el propósito de esa ley sea reducir la tensión institucional y política generada por el procés y facilitar un escenario de reconciliación. Los magistrados que han defendido semejante disparate deberían sentir vergüenza por ello, ya que saben que Sánchez nunca hubiera ordenado tramitar esta proposición de ley si no necesitara esos siete diputados. Es un incuestionable caso de corrupción política fundada en un acto ilícito para conseguir un fin ilícito. Sánchez se ha convertido en un político que no se limita a aprovechar las oportunidades legales e ilegales, sino que crea un sistema donde lo público se transforma en una propiedad privada condicional que administra como un negocio de favores. Es la síntesis perfecta del funcionario como mercader del Estado. Es lo que han apoyado cuatro magistradas y magistrados del Tribunal Supremo y dos catedráticas de Derecho Constitucional; algunos de los seis son bastante mediocres, que sientan su sanchismo en el Tribunal Constitucional. Es su legado y la Historia no los amnistiará.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)