Competir en la crisis

La economía española ha abandonado la recesión entre los meses de junio y julio tal y como ratifican la mayoría de los indicadores económicos, buen comportamiento del empleo en el segundo trimestre, magnífico crecimiento de las exportaciones, equilibrio de la balanza de pagos, ligero crecimiento del sector industrial y cambios de tendencia en la inversión en bienes de equipos. Sin embargo el crecimiento futuro de la misma y la generación de empleo dependerá, sobre todo, de nuestra competitividad. En efecto, España se ha convertido afortunadamente en un país plenamente incorporado en la realidad económica global. En este contexto, nuestros agentes deben tener como referencia continua la búsqueda de la competitividad, entendida ésta como la capacidad para ganar cuota de mercado, tanto en el interior como en el exterior, de forma sostenida en el tiempo. En los países más desarrollados como Alemania, la competitividad no depende tanto de los costes como de las características del producto, diseño, calidad, contenido tecnológico, marca, etc.; y, en general, de la capacidad para innovar, segmentar mercados, producir diferentes líneas de producto en función de las necesidades del consumidor y responder con rapidez a las acciones de los rivales. La evolución de la competitividad, que España está recuperando significativamente, según la OCDE, depende de una serie de variables, entre las que destaca el desempeño de las empresas en los mercados, que exige, sobre todo, dinamismo y flexibilidad, pero también el entorno global, dotación de infraestructuras, mercados de capital, nivel tecnológico del país y las variables institucionales funcionamiento del mercado laboral, sistema educativo y fiscal, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, que creen las condiciones adecuadas para el desarrollo empresarial. En un marco de creciente integración económica, como es el caso de la eurozona, el peligro de mantener un diferencial de inflación con los restantes socios europeos tiene un coste en términos de pérdida de competitividad. Afortunadamente, nuestro IPC se ha moderado estructuralmente, por lo que es necesario terminar con la cultura de la indiciación, lo que tendrá efectos muy beneficiosos. Asimismo es muy positivo el comportamiento de los CLUs, que nos permite mejorar nuestra posición competitiva. El proceso de consolidación fiscal, junto con las reformas estructurales, mejora la asignación de los recursos públicos, ya que contribuye a reducir el componente estructural del gasto público y a destinar mayores esfuerzos de financiación de aquellas partidas que inciden directamente en la productividad y competitividad del tejido productivo (infraestructuras, I+D+i o educación). Esto permite mejorar el potencial de crecimiento de nuestra economía, crear empleo, que como consecuencia de la reforma laboral se consigue creciendo tan solo el 0,8% frente al 2,6% del pasado y avanzar en la convergencia real con Europa. Y es que la adecuada dotación de infraestructuras y de capital público con que contamos, constituye un factor determinante para incrementar la competitividad del tejido productivo y eliminar cuellos de botella que estrangulan el crecimiento económico. La partida de la inversión pública que tiene una incidencia más directa sobre la competitividad de la economía es la de infraestructuras, que es la que mayor atención ha recibido. En el caso de España, el efecto multiplicador de las infraestructuras sobre el tejido productivo es muy significativo, tan solo es necesario, actualmente, invertir en transporte ferroviario de mercancías. Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) constituyen un poderoso instrumento, tanto en su vertiente estratégica de fomento de la competitividad como en su vertiente de cohesión social y territorial. Por ello, su difusión no sólo es un elemento imprescindible para incrementar la competitividad y el dinamismo de una economía basada en el conocimiento y la mejor garantía del propio desarrollo económico, sino que también permite eliminar los posibles riesgos de fractura social entre los que tienen y los que carecen de acceso a la información. El desafío para España consiste en superar la etapa de crecimiento basado en la inversión y en la tecnología importada y entrar en la etapa basada en la innovación y en la producción de bienes y servicios de tecnología punta, porque es ahí donde reside la fuente principal de las ventajas competitivas. Junto con la eliminación de los desequilibrios fundamentales de la economía, déficit de la balanza por cuenta corriente y reducción del público, también se ha optado por dotar de mayor protagonismo a la iniciativa privada y a la competencia, como la Ley de Emprendedores, eliminando así las trabas que impiden la adecuación de la oferta a los cambios impuestos por el nuevo entorno. A este respecto, las políticas estructurales de oferta van encaminadas a incrementar la concurrencia en los mercados y, por consiguiente, a flexibilizar la economía como medio de adaptación ante las circunstancias cambiantes del entorno y, por ello, se intentan recuperar los sistemas de incentivos como motores del funcionamiento de la economía, a través de la innovación, la asunción de riesgos, el trabajo y el ahorro. En este sentido es necesario restar protagonismo a la intervención pública y eliminar regulaciones administrativas innecesarias o erróneas que restringen la competencia y restan eficiencia en la asignación de recursos. La aplicación de políticas de oferta tiene como objetivo liberalizar y flexibilizar el tejido productivo y adaptarlo al nuevo entorno competitivo y global, caracterizado por la revolución tecnológica, máxime en el contexto de la eurozona, donde la flexibilidad de los mercados es fundamental para afrontar posibles choques asimétricos.