De cómo Fausto vive en Cataluña

Fausto, en su afán por poseer un conocimiento ilimitado, decidió vender su alma al diablo. Uno de los elementos que tanta pasión han levantado de esta atemporal obra fue recorrer el sendero de los límites de la naturaleza humana y, por tanto, de sus debilidades.

Cualquiera que no conociese con mucha profundidad el devenir de los últimos años en relación a la cuestión catalana y la inverosímil situación que se está viviendo estos días en el Parlament podría pensar que Artur Mas está dispuesto a encarnar el espíritu del Fausto. Cada encuentro con la CUP es más patético que el anterior.

¿Quién le iba a decir a la burguesía catalana, tan «seny» y práctica a la vez que conservadora, que les llevarían del ronzal los herederos del anarquismo catalán? Porque la CUP ha dado techo y cobijo a la vieja tradición anarquista catalana y hoy, con sus diez diputados, está haciendo explícito que Mas está dispuesto a todo para seguir siendo el president.

La genuflexión y el arrodillamiento que está practicando la cúpula de Convergencia está siendo interpretada por amplios sectores sociales como un intento suicida de aferrarse al poder y, sobre todo, un intento desesperado de Mas de eludir la deshonra de haber fracasado en el liderazgo del proceso independentista. Una suerte de suicidio colectivo al que se empeña en dar un carácter épico e histórico.

Quizá haya algo de esto en los posos del pensamiento de algunos dirigentes independentistas, pero son cada día más los que empiezan a interpretar la venta del alma de CDC como una estrategia para eludir las responsabilidades penales y sus consecuencias con la justicia.

La independencia se ha convertido en el salvoconducto para la impunidad de la oligarquía de un partido corrupto. En realidad, lo que ansían es la «independencia de la Justicia», para no someterse a las penas derivadas de sus acciones.

Muchas capas sociales catalanas no responden a los intereses de una élite presuntamente corrupta. Los intereses de la burguesía catalana, tan fielmente representada por CDC durante largos años, no son los del tesorero de Convergencia, desde luego. Tampoco coinciden con los intereses de las capas medias y los trabajadores catalanes, sobre cuyas espaldas recaería el coste emocional, social y económico de la independencia.

España no debería agrupar en una única categoría al más de millón y medio de catalanes que votaron a JxSí. Sin duda, es un grupo de personas heterogéneo que abrazan posiciones políticas diferentes, desde los más radicales nacionalistas separatistas, hasta los que perseguían un Gobierno catalán fuerte que tensionará la relación con el Gobierno de España para que Cataluña obtuviera mejores condiciones de autogobierno o, sencillamente, más recursos económicos.

Para muchos de ellos, la cuestión catalana debe resolverse como cualquier conflicto político, mediante el diálogo y los instrumentos de la política y ese es el puente que deberían buscar los principales partidos.

Los problemas judiciales de la oligarquía convergente están arrastrando a todo el país hacia el desastre. Es una evidencia que Mas ha dejado de representar los intereses de su electorado histórico y la situación de ingobernabilidad es preocupante, aunque es la consecuencia lógica de unas elecciones violentadas en su esencia democrática por quienes intentaron un plebiscito y no dudaron en esconder en el puesto número cuatro a su candidato a la presidencia de la Generalitat, algo insólito en cualquier democracia.

El Gobierno tiene la obligación de cumplir la Ley y de velar por que se cumpla en todo el territorio nacional, pero Rajoy no debería caer en la tentación de utilizar electoralmente la cuestión catalana.

Moncloa no ha movido un dedo durante cuatro años y ha dejado que se enquiste lo que nunca debería haber llegado a este extremo. Observar el conflicto independentista como un salvavidas de cara al 20 de diciembre sería otra manera de vender el alma al diablo.