El «affaire» de los ERE, aparte de ser un escándalo de amplias dimensiones, nos desvela aspectos de interés. El primero, que el Gobierno andaluz, al menos uno de sus miembros, conocía el entramado montado desde las mismas entrañas de la Administración. Para quien le cupiera duda, LA RAZÓN desvela hoy el documento por el que el viceconsejero de Trabajo aparece como encargado de repartir las comisiones –las del dinero, no las obreras–. Nadie puede creer que el segundo en el escalafón organizara, por cuenta propia, semejante trifulca.

Por otro lado, hay que ver la diferencia de trato mediático que dispensan algunos medios según los políticos de que se trate. El caso del latrocinio andaluz –se han metido a la pera 70 millones y se han usado de forma dudosa hasta mil millones– no merece una pancarta ni un seguimiento callejero ni una afrenta pública. No existe persecución diaria de los protagonistas como, por ejemplo, hicieron con el tema de los trajes de Francisco Camps. En Valencia se trataba de un delito con multa, del que por cierto fue absuelto, con nadie en prisión, mientras que en Andalucía las imputaciones tienen penas de años y años de cárcel y varias personas implicadas ya se encuentran entre rejas.

Ante el manto de corrupción que hoy afecta a la vida pública española, se impone la reflexión colectiva. A modo de moraleja y por aquello del espíritu del 68 y de la canción protesta, recuerdo la proclama de Joan Baez: «Si no peleas por acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella». Así es la vida.