¿Financiación catalana?

El problema de la financiación autonómica es político. En el sistema común –excluidos cupos vasco y navarro– la mayor parte de sus ingresos proceden del Estado: de los impuestos compartidos (IRPF 50%, IVA 50%, especiales...) más diversos fondos (garantía, suficiencia, competitividad, convergencia, y ahora el FLA: Fondo de Liquidez Autonómica). Sobre ellos un Gobierno autonómico puede hacer poco, salvo aumentar el tipo de IRPF en el tramo autonómico, como lo han hecho Cataluña y Andalucía, o bajarlo como Madrid; pero sólo en pocos puntos.

Los impuestos cedidos, sobre los que tiene plena capacidad un Gobierno autonómico (actos jurídicos y documentales, transmisiones, patrimonio, sucesiones, donaciones...) son mucho menos importantes. Las autonomías también pueden emitir deuda, pero actualmente les está vedado por las fuertes «primas de riesgo» de todas. Por último, pueden tener ingresos varios (rendimiento de patrimonio, multas,...). Pero, todos ellos son inferiores a los procedentes del Estado. Con este sistema las comunidades pueden reivindicar constantemente más ingresos procedentes del Estado y compararse unas con otras para criticar su equidad. Por eso, a pesar del aumento de la partida de financiación autonómica de los Presupuestos 2016 (7.500 millones de euros), no hay que esperar que aplaudan.

Para basar sus reivindicaciones las autonomías elaboran estudios. Análisis que van desde la simple comparación del ingreso procedente del Estado dividido por la población hasta sofisticados cálculos de las «balanzas fiscales». Cataluña las elabora para demostrar que el sistema le perjudica. El Ministerio de Hacienda, Fedea y otros estudios concluyen lo mismo. Pero también dicen que la Comunidad más perjudicada es la de Madrid. Las balanzas fiscales son técnicamente complejas y sus hipótesis discutibles porque que no tienen en cuenta la riqueza que otros territorios generan a la autonomía estudiada, ni el origen de su riqueza, que en Cataluña procede de un sistema autárquico español que le reservó el mercado nacional durante más de un siglo a su industria. En resumen, es una discusión política que exige lealtad entre las partes implicadas. Lealtad que ahora no hay. Bien por la ideología soberanista de la Generalidad o por la ingenuidad de Rodríguez Zapatero, que aprobó un Estatuto sin calibrar sus consecuencias presupuestarias.

Para solucionarlo algunos proponen aplicar el sistema del cupo vasco a Cataluña. Una solución injusta para el resto de las comunidades, ya que si se extendiera a todas, España acabaría no ya en un Estado federal, sino confederal, cuando no en su disolución. Por eso la línea más coherente podría ser al estilo alemán. Con un sistema en el que las comunidades que recauden impuestos en su territorio por encima del 110% de la media se solidaricen con las que recaudan por debajo del 95% de esa media. Combina racionalmente justicia con solidaridad. Ya lo decía Santo Tomás: la justicia sin solidaridad es crueldad; la solidaridad sin justicia, idiotez. Si hay un desafío político que necesita la inteligencia y generosidad que se derrochó en la Transición es éste: la financiación autonómica. ¿Serán los políticos actuales capaces de abordarlo con éxito?

**Profesor del IESE