Los derechos y las víctimas

La reciente excarcelación de la etarra terrorista Inés del Río ha producido en España un desconcierto que requeriría una actualización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El final de la II Guerra Mundial, con un peso moral de 93 millones de bajas, hizo que se firmara el 26 de junio de 1945 en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas. Tres años después, se publicó la Declaración Universal de DD HH, en la que se especifica que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» (art. 3) y se insiste en el derecho a igual protección de la ley e igual protección contra toda discriminación que inflija esta Declaración (art. 7). El resto del articulado está dedicado a señalar los derechos de las personas como miembros de la sociedad, pero no desarrolla la protección a las personas víctimas del terrorismo y sus descendientes.

Durante los 65 años transcurridos hasta hoy, han aparecido nuevas formas de terrorismo. En España, surgió la banda terrorista ETA, que, con el criterio del «tiro en la nuca», ha asesinado indiscriminadamente a 829 personas. Los sucesivos gobiernos iniciaron diálogos con ETA buscando la paz y, desde octubre de 2011, ésta ha decidido no matar. Ahora, muchos de sus miembros se encuentran en la cárcel cumpliendo condenas de hasta centenares de años, reducidas a los 30 de estancia máxima en prisión. Por 24 asesinatos, Inés del Río fue condenada a 3.828 años de prisión, de los que ha cumplido solamente 26 años. Ha quedado en libertad tras la sentencia de Estrasburgo contra la «doctrina Parot». El Gobierno ha aplicado la sentencia, pero no la comparte, y en España se ha desatado un clamor por mantener la doctrina, que defiende que un asesinato no es igual que 23.

En beneficio del acatamiento de la Justicia y su incidencia en la democracia y en la concordia entre los españoles hoy, así como en contra de futuras desavenencias nacionales, tanto el Estado español como la Unión Europea deberían solicitar a la ONU la revisión del texto de la Declaración Universal de los DD HH, en el sentido de señalar una mayor precisión en la protección de las víctimas y de sus descendientes.