Al PP le falla casi siempre el marketing, que es arte mayor de reposteros, y suele carecer de empatía para endulzar el sabor a cloro de las leyes antipáticas. Véase la de Seguridad Ciudadana, que todavía no ha nacido y ya la quiere abortar la izquierda como si fuera el preludio de la Noche de los Cristales Rotos. Por lo general, toda regulación del orden público tiene mala venta y se eriza de una prosa hosca que acobarda, trufada de multas, apercibimientos y sanciones. En cada uno de sus artículos late el rumor sordo de una carga policial, por más que su objetivo sea proteger al débil frente al matón y velar por que el sueño del ciudadano no sea interrumpido sino por el lechero.

Sin embargo, la libertad es eso: normas y códigos que, para no llegar a las manos, regulan el tráfago diario de conductas, intereses, utopías, odios y militancias. Sin ese dique de contención, que hace soportable la coincidencia de dos vecinos en el rellano de la escalera, no hay paz. No obstante, administrar el castigo es tarea resbaladiza, sobre todo cuando se esgrime la coartada política. Si quien lo regula es la izquierda, dirá que lo hace para ensanchar la libertad, mientras que la derecha pone el énfasis en la seguridad. Cuestión de matices, a lo sumo, que no justifica, precisamente, la sobreexcitación con que el PSOE ha rechazado el proyecto. Puestos a escandalizarnos, habría que recordar la ley socialista del 92, más conocida como la ley de la patada en la puerta: a su lado, la que propone Fernández Díaz parece el estatuto de un colegio de huérfanos. La principal diferencia entre ambas es que aquella eximía al policía de llamar al timbre, mientras que la del PP blinda la puerta doméstica frente a los «hooligans» del escrache y las del Parlamento contra las coces de la caballería. En esencia, lo que pretende la nueva ley es quitarle dramatismo penal a la refriega callejera y tramitarla como una querella administrativa, con lo cual la revolución pierde su épica adolescente y las arcas públicas ganan en ingresos. Algo así como una tasa de peligrosidad, razón por la cual la iniciativa debería haberla patrocinado Montoro. Eso sí, el Gobierno debe cambiarle el nombre para suavizar la feroz resistencia de la izquierda. Podría denominarla, por ejemplo, Ley de Erradicación de los Comportamientos Fascistas. Rubalcaba no podrá negar que agredir e insultar a la Policía democrática, marchar sin autorización contra la sede de la soberanía popular, destruir propiedades públicas, hacer apología de la violencia e incitar al odio religioso son todas ellas conductas fascistas de todo punto inaceptables.