Carmen Gurruchaga

Reformar la Administración

Los españoles llevamos un año esperando que alguien acometa la reforma de la Administración para que desaparezcan las duplicidades, las empresas públicas en las que se colocan a amigos, y las mastodónticas estructuras autonómicas, regionales o locales. De momento parece que Cataluña está intentando ahorrar mediante recortes en diversas partidas para controlar un déficit desbocado tras siete años de Gobierno tripartito, formado por PSC, IU y ERC, actual socio de CiU en el Gobierno catalán.

En los dos años anteriores y, principalmente en 2011, Mas se dedicó a meter la tijera al Estado de bienestar, un capítulo en el que ya ha tocado hueso, por lo que ha llegado el momento de atacar la partida de personal, el mayor gasto de cualquier administración pública y que en Cataluña es altísimo. Porque la España de las autonomías se ha cargado de tal manera de empleados públicos contratados a lo largo de estos años que resulta prácticamente imposible afrontar las nóminas mes a mes. Y es que, legislatura tras legislatura, los nuevos gobernantes heredaban a los «enchufados» de sus predecesores, al tiempo que colocaban los suyos y así hasta llegar al actual disparate. De momento, el Ejecutivo autonómico tiene menos consejerías y, consecuentemente, menor número de altos cargos, asesores, personal de confianza, etc.

Pero esto es el chocolate del loro comparado con las casi 50.000 personas que prestan sus servicios en empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y demás entes innecesarios y fundaciones podría ser aún mayor. Ahora, Mas piensa despedir a 20.000 empleados públicos, lo que supondría un ahorro de 600 millones de euros si el sueldo medio fuera de 30.000 euros, que en muchos casos será superior. La Generalitat quiere dejar muy claro que los ceses sólo afectarán al personal interino, contratado y a los trabajadores eventuales, y en ningún caso a los funcionarios con puesto ganado por oposición.