Renovación del PP (V)

El final, en el Congreso del PP, amén de la disputa personalista entre candidatos, se va a manifestar un latente debate ideológico de fondo entre dos concepciones liberales: conservadora y progresista. Ambas proceden de un mismo origen en el liberalismo clásico: la defensa de la libertad individual, la creencia en unos derechos y libertades inherentes a la persona, y una concepción del Estado garante de los mismos a través del Estado de Derecho, cuya legitimidad se funda en la representación democrática, obtenida por elecciones periódicas mediante sufragio universal. No es poco cuando se compara con las nuevas ideologías que postulan la «democracia radical», cuya máxima expresión se recoge en la repetida frase de Pablo Iglesias: «Asumo la noción de la política inaugurada por Maquiavelo... Que expresa el poder de la política sobre las leyes y las instituciones, frente la idea de la ciudad o la república como gobierno de la ley». Pero, veamos las diferencias entre las dos tendencias liberales.

El liberalismo conservador se caracteriza básicamente por lo siguiente: es enemigo de la ideología, huye de las abstracciones, de los modelos teóricos y utópicos elaborados por la razón. Es realista y pragmático, se funda en la experiencia, por eso conserva los principios y valores que la historia ha demostrado más válidos, sin perjuicio de postular las reformas necesarias para mejorarlos y adaptarlos a las nuevas exigencias de la realidad. La protección de las personas comienza con la autoprotección de la sociedad. La sociedad civil es vital, pues constituye el ámbito del pluralismo, de interrelación entre las personas, y preserva sus prácticas más valiosas, que cristalizan en instituciones sociales tales como la familia, las confesiones religiosas, las instituciones intermedias... La familia es la más importante; una institución paradigmática para el resto de la sociedad, por su naturalidad, y por ser ámbito de protección e integración altruista de sus miembros. En un segundo orden, el Estado es un instrumento de protección. Es necesario para el mantenimiento de la autoridad y del imperio de la ley; pero no debe ser un actor principal en la mejora social, salvo que sea necesario si la sociedad no se basta por sí misma; por ejemplo, en la protección de la familia y, en su caso, en la sanidad, en la vivienda o en la educación. La relación entre ambas, sociedad y Estado, se debe regir por un principio de subsidiaridad; de forma que, las instituciones del Estado sirven para satisfacer aquellas necesidades que la sociedad civil no puede satisfacer por sí misma: la justicia, la defensa y la provisión de bienes asistenciales básicos. En cuanto a la economía, el liberalismo conservador no tiene una teoría económica propia, sin perjuicio de considerar la libertad económica como parte esencial de la libertad misma, pues considera la libertad como un ámbito privado libre de interferencia publica, en consecuencia son enemigos de las prohibiciones o la intervención pública; como también son partidarios del Estado mínimo y los impuestos mínimos que permitan el desarrollo de la iniciativa privada.

En el liberalismo progresista también el individuo es objeto de protección por el Estado, pero aquí la persona se constituye socialmente y no es un dato previo a la constitución de la sociedad. Por ello los derechos y libertades de los individuos son producto de la ley, configurados por el Estado; por tanto, pueden reconocerse cualesquiera nuevos derechos, aunque sean contrarios a la naturaleza. Para el liberalismo conservador los derechos y libertades son inherentes a la dignidad de la persona, son prepolíticos y naturales y, por ello, inalienables, no pueden ser alterados por la ley, comenzando por la vida y terminando por la muerte.

El liberalismo progresista cree en las teorías e ideas abstractas y, por ello, en los modelos sociales diseñados por la razón y aplicados por el Estado. La sociedad es escasamente importante; enfatizan la dimensión social de la individualidad y la necesidad de que el Estado amplíe su función protectora al bienestar social. Para ellos la protección de los derechos pasa por la efectiva igualdad en las condiciones de su ejercicio, por eso diseñan instituciones que provean a los individuos de la protección social de la que carecen. En materia económica son partidarios de la imposición progresiva y la redistribución de la riqueza a la sociedad en su conjunto. El Estado no actúa en virtud del principio de subsidiaridad; es el actor fundamental de la política. Este Estado del Bienestar debe realizar un programa de reformas que, bajo el valor de la igualdad, se dirija a mejorar las condiciones sociales de la población, para desactivar el conflicto social.

La primera tendencia era la propia del PP anterior al congreso de Valencia de 2008, la segunda fue ganando terreno a partir de entonces. En general esto mismo ha pasado en los países liberales de occidente. Así lo describía J. Gray: «Con el declive del pensamiento liberal clásico, el liberalismo adoptó su forma moderna, en la que la arrogancia intelectual racionalista se fusiona con una religión sentimental de la humanidad (buenísimo). El pensamiento liberal pronto sancionó la nueva concepción del régimen de gobierno engendrado en la lucha por los votos en una democracia de masas, la concepción del gobierno como benefactor y no como guardián de la estructura social dentro de la cual las personas pueden velar por sí mismas».