Vergonzante impunidad

Resulta del todo rechazable el auto del juez Marcelino Sexmero sobre el acoso al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un dislate auténtico, en la línea desafortunada que inició el propio Gonzalo Moliner, máxima cabeza del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Aunar coacción, intimidación y ofensas a la privacidad personal con presuntas libertades de expresión y manifestación no es de recibo. Una pura falacia, que permite comportamientos claramente antidemocráticos y vulnera, precisamente, los derechos individuales consagrados en la Constitución.

Quienes bien conocen al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid le definen como bastante contradictorio. Pese a pertenecer a la Asociación Francisco de Vitoria, de perfil intermedio entre la conservadora APM y la progresista Jueces para la Democracia, sus autos han resultado polémicos. En más de una ocasión ha pasado por alto actitudes violentas, como el caso del activista Willy Toledo, y es un firme defensor de los piquetes antideshaucios, a los que sólo considera unos pobres angelitos capaces de pequeñas molestias. No sabemos si Su Señoría tiene niños en casa, pero sí queda clara su falta de sensibilidad a lo ocurrido en la de la vicepresidenta, con su familia, su pequeño vástago y los insultos varios.

Veredictos como éste alientan conductas impropias y envalentonan a sus instigadores. Legitimar el escrache es algo peligroso, como bien señalan numerosos juristas. ¿Acaso necesita el juez más violencia contra un domicilio particular para condenarlo? ¿Es necesario un asalto bestial para no archivar su denuncia? Tal vez si los escraches fueran virulentos contra miembros de la Judicatura la cosa cambiara. Pero de momento, esta sentencia y su autor son arriesgados y criticables, porque amparan, sin rubor, una vergonzante impunidad. Por cierto, nada más opuesto al Derecho y al imperio de la Ley.