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Comisión

Las comisiones de investigación, en todo sistema democrático, son un elemento crucial para la rendición de cuentas, y la obligación moral de un alto representante del gobierno es ser transparente y cooperar con ellas

Un presidente de gobierno llamado a comparecer ante una Comisión del Senado que adopta una actitud de irreverencia y altivez, mientras elude abiertamente las preguntas planteadas, demuestra con tal actitud que su principal objetivo es deslegitimar la institución a la que ha sido llamado a rendir cuentas. En primer lugar, despreciando al Senado, ante el que no comparecía desde hace casi dos años, mientras también limita cada vez más su presencia en el Congreso. Denominar «circo» a la Comisión –aunque la mayoría de la opinión pública y los medios desprecien las comisiones, éstas son un instrumento de control parlamentario esencial…–, es una manera de menoscabar la credibilidad del Senado, que lo está investigando, desviando asimismo la atención de las acusaciones o sospechas que lo han llevado hasta allí. Burlarse y reírse de forma excéntrica ahí donde se ejerce la democracia –Senado, Congreso…– es una estrategia de propaganda que busca expandir la idea de que tales instituciones son insignificantes, que no sirven para nada, que merecen repulsa y que, cuando no le son propicias, prueban que él es víctima de un acoso sin fundamento real. Tal conducta, impropia de la máxima autoridad política, generará polarización: sus adeptos, cuyos sueldos y prebendas dependen de él, seguirán viendo en su actitud una defensa legítima contra ataques injustos e injustificables de la oposición; mientras que sus adversarios políticos percibirán en sus malas formas una demostración más de su falta de respeto a la democracia y una prueba de culpabilidad. De manera que el debate público se agriará. La Comisión solo habrá servido para amargar mucho más el clima político nacional, manteniendo exacerbadas a las huestes votantes (eso sí). Las comisiones de investigación, en todo sistema democrático, son un elemento crucial para la rendición de cuentas, y la obligación moral de un alto representante del gobierno es ser transparente y cooperar con ellas. La grosería y la bufonada son un incumplimiento del deber institucional del investigado quien, teniendo una máxima autoridad ejecutiva, está obligado a proteger las instituciones, no a maltratarlas o desgastarlas. Ni a destrozarlas.