Radiografía del portazo de Junts: qué leyes se dan por muertas y cuáles se pueden salvar

Carles Puigdemont escenificó el pasado lunes la decisión de Junts de romper con el PSOE, un giro que los militantes avalaron pocos días después. A pesar de la claridad con la que se están expresando los postconvergentes, ubicándose ya en la oposición y diciéndole a Pedro Sánchez que "podrá ocupar sillones" pero "no podrá gobernar", el Gobierno ha preferido hacer oídos sordos y seguir apostando por lo que llaman "diálogo". Un diálogo que, por otra parte, parece baldío porque Junts da por rotas las negociaciones. Se han levantado de la mesa.

Pero al margen de cálculos políticos y aspavientos interesados, ¿qué impacto real tendrá en la ciudadanía la supuesta ruptura? LA RAZÓN ha analizado los principales proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso o en los que el Ejecutivo trabaja y la postura de Junts y otros partidos ante ellos, para ver si tienen posibilidad de salvarse o están condenados. La conclusión adelantada es que todo parece conducir a un punto muerto de la legislatura, en el que sólo saldrán adelante iniciativas menores.

Se dan por muertas

La principal norma que parece imposible de salvar son los Presupuestos. Tampoco el techo de gasto, su paso previo aunque no imprescindible. Principalmente, porque Junts ya ha verbalizado que no los aprobará. "No podrá aprobar Presupuestos", dijo Puigdemont en su comparecencia del pasado lunes. Hay algunos socios, como el PNV, que piden al Gobierno que intente recomponer la mayoría en torno a estas cuentas, y hay fuentes de Moncloa que dicen que creen poder salvarlas si se incluyen partidas obscenas para Cataluña, pero parece una tarea muy difícil. Además, antes de que se produjera el portazo de Junts, las cuentas generales ya peligraban porque Podemos también está poniendo unas condiciones imposibles para su aprobación. "Puigdemont anunció el lunes que no habría Presupuestos... como si antes de su ruptura los fuera a haber", señalaba esta semana una fuente parlamentaria.

Otra norma que se puede dar por muerta es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), anunciada por el ministro Félix Bolaños esta misma semana. Ya tiene el no de PP y Vox y Junts ha estado filtrando a los medios que no la apoyará. Además, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó públicamente que el Ejecutivo la presentara sin tener apoyos. Por otro lado, en una entrevista en este diario, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se mostró radicalmente en contra de que la Fiscalía dirija la investigación penal.

Esta primera semana de noviembre no habrá Pleno en el Congreso (nunca lo hay las primeras semanas de mes) y sus señorías se volverán a reunir a partir del día 4. Si ERC así lo quiere, podrá llevar a debate su pacto de financiación singular para Cataluña, acordado con el PSC para investir a Salvador Illa. Pero, si lo hace, los republicanos tienen asegurado que decaerá. Junts lleva meses quejándose de que no se trata de un acuerdo suficiente y, ante la imposibilidad de aunar posiciones, se da prácticamente por muerta. La única posibilidad para que no decaiga es que se abstengan, pero se entenderá como que lo han facilitado y permitirán una victoria política al PSOE y a ERC, algo que no quieren propiciar.

También parece que morirá la Ley de Medios, la que incluye multas para aquellos que no cumplan con la transparencia que el Gobierno quiere exigir, porque Junts ya se mostró en contra en el pasado y no hay posibilidad ahora de acercar posturas.

Y no van a correr mejor suerte todas esas iniciativas que sean esencialmente económicas, laborales, sobre tributación, etcétera. A lo largo de toda la legislatura, Junts se ha estado posicionando en estas materias y de forma constante en el bloque de la derecha, al que pertenece ideológicamente si no se tiene en cuenta su cariz independentista. Un ejemplo perfecto es cuando contribuyó a tumbar la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz por las presiones de la patronal catalana, que son constantes.

Se podrían salvar

A pesar de que Junts asegura que la ruptura es total, hay varias iniciativas que sí podrán salir adelante. Simplemente, no van a votar que no. Ya sea porque consideran que son buenas para Cataluña (ese es el baremo que marcó Puigdemont para decidir el voto, aunque sin negociar), o porque son cuestiones sobre las que no quieren asumir la responsabilidad de que decaigan.

Por ejemplo, la convalidación del real decreto para financiar la Ley ELA. Míriam Nogueras ya ha dicho esta semana que votará a favor. Es más, hasta se ha intentado apropiar de la medida. El Ejecutivo está planeando llevarlo a votación la segunda semana de noviembre y desde Sumar creen que podrán salvar los vetos de Junts presentando leyes de cariz social, algo de lo que la izquierda además se puede alimentar.

También hay leyes, como la de Atención al Cliente, en las que Junts tiene intereses concretos porque el Gobierno ya les ha hecho las cesiones que piden. En esta, el Ejecutivo aceptó incluir que las empresas grandes atiendan en las lenguas cooficiales y, mientras avanza su tramitación en el Congreso, nada parece indicar que no se vayan a querer anotar ese logro. Además, los distintos grupos parlamentarios también han conseguido introducir sus propias enmiendas, por lo que el apoyo mayoritario se podría dar por descontado.

Otro ejemplo en esta línea sería la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que Junts ya llegó a acuerdos con el Gobierno, o la de Protección de Menores en Entornos Digitales, por el mismo motivo. Aunque, con lo volátil del panorama, hasta el momento de la verdad nunca se sabrá.

También se podría dar por seguro el apoyo al proyecto de ley que declara diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. Ahí se incluye financiación para múltiples acontecimientos en Cataluña, como el festival de música Primavera Sound, la celebración del centenario Gaudí en 2026 o el Barcelona Mobile World Capital. Votar en contra sería torpedear financiación gratis.

Con este tipo de medidas, el Gobierno va a poder vender que se siguen aprobando cosas en el Congreso de los Diputados y que la parálisis no es tal. El problema es que son medidas muy menores, que suelen pasar desapercibidas, sin carga política y que, al margen de afectar a un colectivo concreto, son muy complicadas de rentabilizar.

En la cuerda floja

Sin embargo, la gran duda a despejar es qué pasará con aquellas leyes sobre las que Junts todavía no se ha posicionado, ni está claro si sacarán algo en positivo en caso de que las apoyen. Por ejemplo, la Ley de Secretos Oficiales, una iniciativa que pidió el PNV y que no está claro cuál es el posicionamiento de los postconvergentes, que además disfrutan anunciando el sentido de su voto en el último momento. Además, en esta ley en concreto el Gobierno va a tener que contentar a muchos socios, como ERC o Bildu, y es un auténtico encaje de bolillos.

Pasa parecido, que no se sabe realmente qué opina Junts, con medidas como la Ley de Industria o la reforma del Régimen Electoral General, con la que el Gobierno quiere hacer obligatorios los debates electorales. Podría decirse que son leyes que, de momento, están en la cuerda floja y a la espera de ver qué pasa. También hay otras normas, como la Ley de Familias o la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a migrantes que llevan tanto tiempo paralizadas en el Congreso que, aunque no hay un no definitivo, nada indica que se vayan a poner en marcha, menos aún si el Congreso va a entrar en una etapa de ralentización de la actividad parlamentaria.

También se complican todos aquellos reales decretos que la Cámara Baja aprueba, pero que después se tramitan como proyecto de ley. Los partidos pueden estar a favor de que no decaiga, pero no de su aprobación tal cual la plantea el Gobierno, y las exigencias de Junts pueden pasar a complicar el asunto. Como, por ejemplo, podría pasar con los permisos por nacimiento de Yolanda Díaz.

Por último, hay leyes que peligran no porque Junts vaya a votar en contra necesariamente, sino por los intereses cruzados de distintos partidos políticos. El Gobierno se suele vanagloriar de su capacidad para llegar a acuerdos, pero a partir de ahora parece que va a tener un margen de maniobra muy corto. Pasa con la Ley de Lobbies, en la que el partido independentista está exigiendo las competencias sobre los funcionarios locales, pero eso puede perjudicar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP. Igual con la Ley de Función Pública, donde tiene el sí de Junts gracias a unas cuestiones que Podemos rechaza. Si ya era difícil antes, a partir de ahora va a serlo mucho más.