El deber de hacer justicia a las víctimas

Si algo ha quedado de manifiesto en el bochornoso episodio que en principio acelerará la excarcelación de decenas de terroristas, ha sido precisamente que ese era el primer y exclusivo propósito de las espurias maniobras que acabaron en la intencionada adulteración de la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE, que el Gobierno y sus socios del brazo político de ETA utilizaron como una suerte de caballo de Troya contra la legalidad, la dignidad del Estado y la memoria de las víctimas. El sanchismo ha articulado un argumentario de andar por casa porque entiende que sus pactos encapuchados no se traducen en un desgaste político que la propaganda, las mentiras y su ausencia de escrúpulos no puedan compensar y contener. Al final, el mensaje ha sido que era una obligación impuesta por Bruselas y que en todo caso la culpa es del PP por no enterarse de lo que vota. El balance puro y duro, hipocresía e inmoralidad al margen, lo rubrican festivamente los acólitos en los despachos del mundo del hacha y la serpiente, que han estimado que 52 presos de la banda podrán beneficiarse de la reforma legal que va a permitir que compute su tiempo en prisión en Francia, de los cuales 7 podrían salir antes de que acabe el año. Con todo, hay prisa y necesidad por que la transacción con EH Bildu no se trunque ni siquiera se demore y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha puesto de su parte con un amaño capcioso de la tramitación en la Mesa de la Cámara que ha burlado sin fundamento jurídico alguno el veto del Senado a este indulto en diferido a los pistoleros, algunos de ellos entre los más sanguinarios de la banda. En este asunto se han cometido muchas tropelías entre los autores intelectuales y materiales del mismo y errores no menores entre quienes se han conducido casi como convidados de piedra. Son estos quienes están obligados a no resignarse y aprovechar cualquier mínimo resquicio del estado de derecho para impedir que los verdugos de cientos de inocentes reciban una gracia que no merecen fruto de los tratos y las connivencias corruptas entre el Gobierno y Batasuna. Como adelanta LA RAZÓN, letrados de las Cortes consideran factible que el Senado plantee un conflicto contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional porque hay fallo de competencia en la disposición que Armengol impuso para favorecer a los reclusos terroristas. Esgrimen que la Ley proetarra no formaba parte del orden del día de la reunión de la Mesa, la resolución que ignoró a la Cámara Alta no estuvo motivada y, sobre todo, que se carecía de la competencia para calificar las actuaciones del Senado, que es plenamente autónomo. Aunque seamos conscientes de la complejidad de doblar el brazo a un poder cercado por los escándalos y dispuesto a todo, no estamos ante consideraciones baladíes, sino al contrario, ofrecen una oportunidad de no dar la batalla de la justicia por perdida antes de tiempo.