Día de infamia para la democracia maltratada

Nada dura para siempre. Ni siquiera está garantizada la supervivencia del mejor sistema político, el que ha garantizado la prosperidad y el bienestar en los países más avanzados del mundo durante décadas. Existe el deber generacional de cuidar la democracia y eso pasa por respetarla. Sin esa atención, sin el cumplimiento de sus normas y los fundamentos que la sostienen y la dan forma, es muy improbable que prevalezca frente a las pulsiones autocráticas y despóticas que emergen de la mano de los nuevos cesarismos, los populismos y los nacionalismos supremacistas y excluyentes. El sanchismo que manda en nuestro país no se ha manifestado como un leal activo de la democracia representativa y liberal. El estado de derecho en sus manos nunca ha sido el fin a conservar como el guardián y el garante de los derechos básicos del ciudadano y el contrapeso a los abusos del poder. Cinco años después, nos parece una realidad indubitable que no somos más libres e iguales que antes de que la izquierda más radical de Europa, junto a los enemigos de la España del 78, alcanzara el gobierno tras una moción de censura viscosa. A estas alturas, con los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez para perpetuarse en la Presidencia que subvierten el orden constitucional, que aniquilan la equidad de los españoles y cancelan la división de poderes, la democracia está amenazada como en ningún otro rincón de la Unión Europea, bajo un estado de excepción en el que el ejecutivo ha desplazado al legislativo y lo intenta con el judicial para ejercer el autoritarismo democrático. En esa deriva declinante, PSOE, el gobierno, y Puigdemont han celebrado su primera reunión después de que Sánchez renovara en La Moncloa con los votos comprados al prófugo. La cita se ha llevado a cabo en Ginebra con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez de mediador internacional como un aderezo grotesco en este monumento a la indignidad. El carácter clandestino, la pavorosa opacidad de un encuentro en el que se dirimen asuntos cruciales para la nación y los españoles, como el referéndum de independencia de Cataluña, el reconocimiento nacional, la financiación, la amnistía, el «lawfare», hablan de un escenario de tintes conspiratorios, una manifiesta deslealtad con el pueblo y sus instituciones y, en efecto, un estado de alarma y excepción democráticos sin parangón en la reciente historia política de Europa. Ni Sánchez ni el Gobierno son soberanos ni tienen la legitimidad para conducirse al margen de la ley y de las reglas de la democracia, violando el contrato social con los españoles. Son tiempos aciagos, pero sin espacio ni lugar para la resignación o el abatimiento. Hoy, los ciudadanos están convocados de nuevo para defender en Madrid la democracia de manera pacífica y ordenada. El pueblo olvidado debe hablar en la calle y en las urnas.