Don Quijote y los jueces

No guarda la literatura demasiado espacio en su particular olimpo de personajes para los jueces. Pocos han pasado a la posteridad desde la ficción, quizá don Quijote que, en una de sus múltiples facetas e interpretaciones, haya trascendido como el más conocido administrador de justicia. Desde su Ínsula de Barataria y poniendo en práctica ese particular derecho de los caballeros andantes que distinguía entre el bien y el mal, con una línea muy clara, y que terminó castigando, cómo olvidarlo, a los míticos molinos de viento. Al margen de la legendaria criatura de Cervantes, pocos casos más hay de juzgadores transformados en héroes de ficción. Quizá porque no hayan resultado lo suficientemente atractivos para ese mundo paralelo de la fábula o quizá porque su área de actuación es tan pragmática que no han conectado con el tono imaginativo.

En cualquier caso, la labor de los jueces sí resulta básica en la vida real como eje del Estado de derecho. Y esta evidencia, que parecía fuera de toda duda más o menos desde Montesquieu, encuentra, en pleno siglo XXI y mirando a distintos puntos del planeta, todo su sentido y justificación. Por los riesgos a los que se enfrenta. En Estados Unidos, por ejemplo, el ejercicio del legislativo se ve impulsado por órdenes ejecutivas, sin pasar por el Congreso, y la labor de los jueces se erige en el único contrapeso a las decisiones de la Casa Blanca. En la cuna de los «check and balances» la protección del Poder Judicial se ha vuelto más imprescindible frente a cuestionamientos y ataques que ponen en peligro su ejercicio de barrera, control o dique de contención a las derivas que lanzan a los sistemas políticos hacia formatos autoritarios disfrazados de liberales. Los jueces como garantes del constitucionalismo.

Y, en esa sacudida a las togas, México se ha sumado con un fenómeno distorsionador de las ideas heredadas de la Ilustración: acaban de celebrar elecciones para elegir a los jueces. Un exotismo internacional que ignora la especificidad del desempeño profesional de la magistratura. ¿Quiénes se presentan tienen los conocimientos técnicos suficientes? ¿Y los méritos? ¿Quiénes votan conocen las aptitudes necesarias para el cargo? La escasa participación ciudadana, cifrada en un 13 por ciento, y las dudas sobre los candidatos y su formación reflejan lo artificioso y arriesgado del experimento mexicano que, por no demostrar, no ha demostrado ni la más mínima garantía de que los futuros jueces no afirmarán ver gigantes donde solo haya molinos de viento. Una temeridad democrática.

P. D. De la judicatura en España, por cierto, ya comentamos otro día, que hoy se nos ha acabado el espacio.