Acertado rechazo a la subrogada

El Comité de Bioética de España, el órgano consultivo que asesora al Gobierno en materias de ética y salud, no sólo ha dado una respuesta inequívoca a la falsa polémica sobre la legitimidad de la llamada «maternidad subrogada», sino que ha llevado el planteamiento más allá de las cuestión moral, al campo de la igualdad de los ciudadanos ante las leyes. En efecto, se pregunta el comité si es tolerable que las leyes aprobadas por España sólo obliguen a quienes carecen de recursos económicos o de temeridad para sortearlas en el extranjero. La conclusión es evidente: los poderes públicos deberían actuar contra las agencias o las personas que facilitan el ilícito legal, de la misma manera que lo harían ante un caso de tráfico de órganos para trasplantes, al tiempo que se insta a la prohibición universal de esta trata a las organizaciones internacionales correspondientes. Porque, sin importar el nombre que le demos, con el alquiler de mujeres gestantes estamos ante un simple caso de trata de personas, que conculca tanto los derechos de la mujer como los del hijo concebido. Si los principios éticos que anclan estas recomendaciones no admiten demasiada réplica, puesto que lo que prima es siempre la protección última del menor, cuyos derechos filiales se desdeñan, si se plantean dudas sobre las situaciones de hecho ya realizadas. La propuesta del comité es que se permita la filiación en el extranjero de los niños ya concebidos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, pero entendiendo que se trata de una media transitoria que sólo busca evitar un mal mayor, sin que sirva de subterfugio en ningún caso para seguir conculcando la ley. En este sentido, no puede volver a repetirse el espectáculo vivido en España el pasado 6 de mayo, cuando llegó a celebrarse en Madrid una «feria» de esta práctica, en la que se ofertaban jóvenes madres ucranianas o norteamericanas por cifras que iban de los 42.000 a los 211.000 euros.

Como señalábamos al principio, el Comité de Bioética no se ha sustraído a la controversia, espuria a nuestro juicio, que contrapone el supuesto derecho de quienes desean ser padres a procurar su ejercicio por el procedimiento de la gestación subrogada con el derecho que asiste a cualquier nacido a tener padres. El comité establece que no hay tal colisión, pues si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. En definitiva, lo que se plantea con el alquiler de úteros es la posibilidad de disociar la gestación de la maternidad, como si ambos procesos pudieran considerarse actos separados en la procreación humana. Sin duda, esa noción tan extendida de que existe un derecho absoluto a tener hijos y que, como señala el comité, se ha visto fomentada por la gran repercusión mediática de los casos de personajes famosos que han recurrido al alquiler de mujeres gestantes, lleva al fomento de estas prácticas que pasan por alto lo que tiene de explotación de la mujer, –convertida en simple objeto reproductor y fuente de millonarios ingresos para los intermediarios– y de negación de los intereses superiores del menor, recogidos tanto en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas como en la inmensa mayoría de las legislaciones nacionales, incluida, por supuesto, la española. Toca ahora al Gobierno y a los partidos políticos abordar desde las normas preexistentes una reglamentación que clarifique las situaciones de hecho y que impida eficazmente la consolidación de esta práctica.