El Constitucional, línea roja del independentismo

El golpe a la democracia de los separatistas catalanes, que se concretó en la declaración de independencia promovida por Juntos por el Sí y los extremistas de la CUP, no ha cogido al Estado desasistido o carente del arsenal jurídico necesario para hacerle frente, sino todo lo contrario. El Gobierno reforzó el ordenamiento jurídico en la recta final de la legislatura con una serie de instrumentos legales con capacidad para afrontar cualquier contingencia. Desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria hasta la Ley de Transparencia, pasando por la Ley de Seguridad Nacional y la reforma del Tribunal Constitucional, además, claro está, del artículo 155 de la Carta Magna, forman un parapeto consistente para defender la legalidad y, por tanto, la libertad y el bienestar de los catalanes de los delirios sediciosos. Especialmente relevante es el cambio en el Alto Tribunal, aprobado por el PP en octubre con duras críticas de la oposición, que da a los magistrados facultades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. El TC puede sancionar a los rebeldes, así como suspenderlos en sus funciones, para lo que podrá requerir la colaboración del Gobierno. La magistratura puede y debe ser trascendente en el escenario de involución que se apunta, lo que avala la decisión del Ejecutivo y deja en evidencia la oposición demagoga del PSOE.