El TC frena el golpe del Parlament contra la democracia española

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la declaración de «desconexión» unilateral aprobada por el Parlament de Cataluña ha sido recibida por sus impulsores con desprecio y con anuncios de desacato. Nada nuevo en el comportamiento irresponsable del soberanismo catalán, cuya estrategia no es otra que la provocación hasta límites inaceptables en un Estado de Derecho. Ante él habrá que responder sin la jactancia y altanería de los líderes independentistas y con la templanza de la Ley en defensa de las instituciones democráticas. Se equivocan cuando dicen que los países de nuestro entorno no entenderían que el Alto Tribunal prohibiese lo que ellos consideran la «libre expresión» de la Cámara catalana. ¿Desde cuándo la «libre expresión» es acabar con las leyes que permiten el desarrollo del Estatuto de Autonomía, entre otras normas? Nuestros aliados lo entienden, lo comparten y les tranquiliza que un país democrático, socio de la UE y corresponsable de la unidad europea, se defienda con la Ley en la mano, que es la respuesta que se merece todo movimiento secesionista que busca alterar la paz social y la convivencia. Una cosa es la sanción que creemos que debería aplicarse a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su contumaz incumplimiento de una sentencia del TC –que supondría su inhabilitación por no acatar las normas que, a su vez, permiten que ella sea la segunda autoridad de Cataluña– y otra cosa bien distinta es la que el TC considera que debe aplicarse, ya que estamos ante un caso de extrema gravedad, pero inédito. La Abogacía del Estado decidió remitir a la Fiscalía las actuaciones de Forcadell, por si consideraba emprender acciones penales contra ella por desobediencia a dos resoluciones del TC. El Constitucional está actuando con mesura, buscando la unanimidad de sus once miembros y, muy probablemente, evitando que sus resoluciones sean utilizadas por los independentistas como munición contra el Estado. Pero no olvidemos que la decisión del Alto Tribunal advierte personalmente a la presidenta del Parlament y al presidente de la Generalitat, además de a los miembros del Gobierno catalán, de su responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión. El acuerdo del TC dice muy claramente en su cuarto punto: «Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». Es decir, en la segunda quincena de septiembre, y después de presentadas las alegaciones, se podría abrir la vía de la inhabilitación. Provoca vergüenza oír a altos representantes de la Generalitat decir que el Parlament no va a obedecer más ley que la que emane de éste y, sobre todo, preocupa, porque supone un golpe contra la legalidad vigente. Todo indica que están preparando el próximo 11-S. Algo falla en el «proceso» independentista si no entienden que saltarse la legalidad tiene graves consecuencias, como situar a Cataluña en la ruptura social y abocarla a una crisis institucional. El Estado y el conjunto de la sociedad española debemos resistir ante este ataque, cuyos precedentes nos trasladarían a los peores momentos de nuestra historia política, los de las asonadas y las insurgencias patrióticas. Ésa es la realidad de los hechos que los catalanes no deberían olvidar: los independentistas representan un movimiento antidemocrático que busca la desestabilización del Estado para imponer sus objetivos.