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España, cada vez más vulnerable

Tiempo de lectura 4 min.

17 de julio de 2019. 21:54h

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17/7/2019

En poco más de un año, la deuda pública española se ha incrementado en 38.688 millones de euros, hasta sumar 1,19 billones de euros, es decir, 9,5 por ciento del PIB, según los datos actualizados del Banco de España, referidos al mes de mayo. El período auditado se corresponde con pasmosa exactitud con el tiempo que lleva al frente del Gobierno el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, y confirma los peores temores de los analistas económicos, que ya advirtieron de que la aprobación de medidas populistas –los llamados «viernes sociales»– sin el correspondiente respaldo fiscal pondría en peligro el objetivo de reducción del déficit público. Ayer mismo, el servicio de Estudios del BBVA señalaba que el PIB español, pese a la buena previsión para este año de 2019, sigue una senda de desaceleración y que la economía nacional está en una situación de alta vulnerabilidad, no sólo por las tensiones sobre el comercio mundial, sino, y debería ser motivo de seria reflexión, por la incertidumbre política que vive España desde hace más de una año, que, por sí sola, resta entre 2 y 3 décimas al crecimiento del PIB. En este sentido, desde el propio Ministerio de Economía se reconoce que la inestabilidad provoca desconfianza en las agencias internacionales de calificación, que castigan la nota de España, colocándola por debajo de los ratios reales, lo que tiene consecuencias directas sobre las inversiones y los intereses de la deuda. La situación, sin caer en alarmas injustificadas, es preocupante y las perspectivas, al menos a corto plazo, de que se pueda formar un Gobierno sólido son poco halagüeñas. De hecho, el mismo informe del BBVA cree que desciende la probabilidad de que se puedan aprobar en el plazo debido los Presupuestos Generales de 2019, precisamente, cuando habría que abordar la nueva política fiscal, con los obligados incrementos impositivos, ya que nadie espera del actual Gobierno en funciones que se decida por operar sobre la reducción del gasto público. Aunque los ciudadanos del común parecen asumir con naturalidad, incluso, con cínico alivio, que su país acumule meses de interinidad gubernamental, sin Presupuestos y sin visos de los grandes acuerdos políticos que permitan salir del impasse, lo cierto es que la preocupación alcanza a cada vez más sectores sociales. A este respecto, ayer, los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, que intervenían en una de las mesas del «Foro DigitalES Summit 2019», coincidían en el diagnóstico y alertaban de la falta de consenso y de centralidad que afecta a la actual política española, que impide abordar las reformas transversales que necesita el país. Prácticamente, desde la irrupción de las nuevas formaciones políticas y la fragmentación parlamentaria, no se ha llevado a cabo una labor reformadora en profundidad, que cuente con mayorías consolidadas. En palabras de González, existe, sí, un «pentapartidismo» pero en el que la característica fundamental es su mentalidad de bloques, que no buscan la centralidad sino el antagonismo. Es evidente que España necesita volver a la estabilidad, sin que ello suponga, necesariamente, repetir las elecciones. Como hemos venido señalando desde estas mismas páginas, es sobre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, sobre quien recae la responsabilidad de armar una mayoría de gobierno suficiente. Y, a nuestro juicio, no es una tarea imposible ni mucho menos, puesto que existen fórmulas de pacto que ni siquiera ha tratado de explorar. Lo que no es de recibo, como así parece, es que pretenda superar el trance sin alcanzar compromiso alguno con los partidos que tienen los escaños que precisa y que, no lo olvidemos, también responden ante sus votantes. Lo que se impone es un Gobierno de coalición, sólido, y capaz de proyectarse para toda la legislatura.

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