La Generalitat se burla de la ley y no devuelve las obras de Sijena

Ayer venció el plazo en el que el Museo de Lérida debía devolver al Monasterio de Santa María de Sijena 44 obras de arte religioso, según sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Huesca, que tenían que haber retornado hace un año. Existe una sentencia firme del Tribunal Supremo, de enero de 2016, y aunque, por lo tanto, no cabía posibilidad de recurso, la Generalitat planteó un conflicto de competencia y jurisdicción, con el que sólo quería evitar la efectividad de una resolución judicial que le obligaba a entregar los bienes requeridos antes del 25 de septiembre de 2015. Pero no le pareció motivo suficiente para acatar la sentencia. La Generalitat debía haber entregado antes del pasado 25 de julio un plan de devolución, algo que no ha hecho. Tampoco lo ha cumplido. Incluso, en un gesto de desaire hacia el Gobierno de Aragón, la Generalitat se ha desentendido de la sentencia y su portavoz, el ultranacionalista Jordi Turull, ha llegado a decir que «no se dan los requisitos ni jurídicos ni físicos idóneos para que haya que proceder con la entrega», ni aunque haya una sentencia del TS. Mientras los responsables y técnicos del departamento de Patrimonio y Cultura de Aragón esperaban desde primera hora de la mañana en el Monasterio de Sijena a que la Generalitat cambiase de opinión, éstos se mantuvieron en una posición que va siendo habitual: no cumplir la Ley. Lo sucedido fue un alarde de que sólo acatarán las leyes que consideren, se entiende que sólo las que les favorezcan. En el ámbito administrativo y político de Cataluña se ha introducido la doctrina de que se pueden incumplir las resoluciones de los tribunal y no pasa nada. Este juego viene siendo habitual, forzando hasta el límite la Ley. ¿Buscan acaso que la Policía o la Guardia Civil ejecuten la sentencia? ¿Quieren escenificar el mismo victimismo con el que aderezan desde hace demasiado tiempo toda la política catalana? La semana pasada, el Gobierno de Aragón presentó al juzgado esta petición para poder proceder a la entrada al Museo de Lérida, con el auxilio de la Policía. Recordemos que los documentos de la Guerra Civil que con tanto ahínco reclamó la Generalitat al Archivo de Salamanca se acabaron entregando con el apoyo de la Policía Nacional. Algo no funciona cuando es la autoridad policial la que debe obligar a cumplir las sentencias de los tribunales. El conflicto de Sijena es sencillo y hubiese bastado con aplicar el mismo criterio que en la reclamación sobre los papeles del Archivo de Salamanca. Este monasterio sólo reclama unas obras que fueron vendidas en 1983 por una congregación y compradas por la Generalitat sin haberse tenido en cuenta que esta transacción iba en contra de la legislación, que considera a este enclave patrimonio histórico. Restituir estas obras de arte es una aspiración legítima –también avalada por la legislación internacional sobre museos– y no hacerlo sólo responde a la imposibilidad de hacer de la política una práctica racional y no un conflicto tribal de agravios y derechos históricos. Para desprestigiar el cuidado que Sijena podría prestar a las obras de arte reclamadas, se llegó a esgrimir, como así hizo el director del Museo de Lérida, que el monasterio había sido incendiado por los vecinos del pueblo en julio de 1936, cuando fueron columnas anarquistas llegadas desde Cataluña las que arrasaron con el patrimonio religioso de la zona. Pero esa es otra historia, aunque conviene no olvidarla.