La reforma del TC como garantía para evitar el referéndum

Hoy se reúne el Gobierno catalán con la idea de acordar la compra de las urnas para el referéndum independentista previsto para el próximo 1 de octubre. O esta es su pretensión, aunque el Govern tiene muchas dudas de cómo realizar esta operación para evitar responsabilidades. Se sabe que será una decisión colegiada, lo que no le eximiría de responsabilidades legales graves, como la inhabilitación o la acusación de malversación, si dicho acuerdo fuese acompañado de una partida presupuestaria. Se puede decir que sería la primera medida ejecutiva –es decir, firmada–, después de meses de pomposos anuncios, solemnes amenazas y mucha propaganda. La reacción no se haría esperar. Como no puede ser de otra manera, la Fiscalía presentará una querella, como ya sucedió con la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, cuando inició el concurso para la compra de urnas, que finalmente quedó desierto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la admitió a trámite porque no era un hecho «aislado», sino vinculado al referéndum y orientado «a infringir el mandato del Constitucional». Estas son las reglas y los independentistas lo saben, aunque no quieran acatarlas. Hay demasiado en juego como para que el Estado no ponga en marcha todos los recursos legales para paralizar este golpe a la legalidad democrática. Se ha aprendido de los errores del pasado y de aquel 9-N en el que Artur Mas se vanaglorió de haber engañado al Estado de Derecho en nombre del pueblo de Cataluña. De ahí que el Gobierno quiera que no haya ningún resquicio legal para el referéndum del 1-O y todos los pasos preliminares. Mañana se fijará el día para el pleno del Parlament que modificará el reglamento de la Cámara catalana, que muy probablemente se celebre el próximo 26 de julio y que permitirá que la llamada Ley del Referéndum salga adelante, presumiblemente el 6 de septiembre, en lectura única, lo que abrirá las puertas a una declaración unilateral de independencia. Este es el calendario, y a él debe dar respuesta el Gobierno. De producirse la orden ejecutiva de la compra de las urnas, la Fiscalía presentaría una querella por prevaricación, que podría ampliarse a la desobediencia, dado que, además, el referéndum estará suspendido por el Tribunal Constitucional, incluso malversación. La Abogacía del Estado presentará un recurso ante el TC, pero es en este punto cuando el Alto Tribunal debería hacer valer las atribuciones que le da la reforma de su ley orgánica, precisamente cuando se incumpla su resolución. Dicha reforma le da potestad para «velar por el cumplimiento efectivo de sus decisiones y determinar en su resolución quién ha de ejecutarla y las medidas de ejecución necesarias» o «declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que ha dictado». Por lo tanto, en el plazo que considere oportuno, debe utilizar todos los recursos a su alcance. El independentismo sabe que la Justicia ordinaria tiene unos tiempos y querrá aprovecharse de ello para burlar la Ley, mientras las resoluciones del TC son de cumplimiento inmediato. La dimisión-cese del director de los Mossos d’Esquadra por un independentista convencido explica con claridad que los nacionalistas quieren llevar hasta el final su plan. La doctrina de Constitucional es clara: no se puede llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Se debe actuar con mesura, inteligencia, pero con todo el poder de la Ley y absoluta conciencia del crítico momento que estamos viviendo.