La soberanía nacional está en el Parlamento y no en la calle

La Constitución preserva, en su artículo 21.2, el derecho de manifestación, que se podrá ejercer libremente salvo «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes». Esta norma ha sido regulada por la ley orgánica de 1982 y posteriormente modificada en 1997, siempre en defensa de la legalidad que asiste al ciudadano. Este derecho puede ejercerse incluso en el día y la hora y frente a la sede del Parlamento durante la investidura del presidente del Gobierno. Además, este tipo de protestas pueden llevarse a cabo aunque haya una clara intención de bloquear el funcionamiento de las instituciones democráticas. A pesar de estos precedentes legales, grupos de la extrema izquierda han convocado una manifestación bajo el lema de Rodea el Congreso, que no esconde sus intenciones de interferir en la actividad parlamentaria en un momento tan decisivo. La consigna que enarbolan es «ante el golpe de la mafia, democracia». La esencia de la democracia es que se debe permitir, hasta donde sea admisible para la propia defensa del sistema, aunque con la necesarias medidas de seguridad, pues, dado el reguero de violencia que estos grupos suelen dejar, es necesario preservar el orden público y el funcionamiento del Parlamento. Recordemos los altercados que provocaron en una protesta similar en septiembre de 2012. El sistema permite que grupos que se proponen destruir la democracia (burguesa) puedan manifestarse con la intención de atacarla. En un manifiesto lanzado por la formación Izquierda Castellana, organización cercana a HB Bildu –su dirigente en Madrid es asistente de los abertzales en el Congreso–, se habla de «un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo». Hablan de «falsa democracia» y se muestran «a favor de la legítima defensa ante la violencia indiscriminada de este régimen opresor». Estamos ante la escenificación de la estrategia de desligitimación de las instituciones democráticas por la de la «calle» y que ha encontrado en Podemos un fiel aliado. Pablo Iglesias ha optado por la estrategia de la protesta como fórmula para delimitar el campo de batalla político: los que están a un lado, los partidos constitucionalistas, que ahora él estigmatiza con el apelativo de la «triple alianza», y Podemos y cuantos quieran acabar con el «régimen del 78». Es una estrategia peligrosa porque el Parlamento es la representación de la soberanía nacional y los diputados que la componen lo son de todos los españoles, incluidos los que quieren acabar con la Constitución y nuestro régimen de libertades, también los de Podemos. Iglesias lo dijo el pasado jueves en una solemne sesión parlamentaria en un impecable estilo caudillista: «Me debo al honor de mi patria y a los ciudadanos de mi país, no de esta Cámara». Como suele hacer el populismo, a derecha y a izquierda, se trata de convertir el Parlamento en la expresión del poder de las élites o de la casta. La Constitución dice en su artículo 66.1 que «las Cortes Generales representan al pueblo español». Ésa es la legalidad y querer contraponerla a la de la «calle» es sencillamente negar la institución básica de la democracia. No hay dos legalidades y habrá que seguir insistiendo, pues nos encontramos ante un plan muy claramente trazado para convertir la máxima institución de la democracia en un mero plató publicitario, lo que el leninismo llamaba «una caja de resonancia». El ciudadano tiene derecho al libre ejercicio de sus derechos y libertades, pero la soberanía nacional se expresa en el Parlamento y es allí donde se legisla para que esos derechos no sean mermados y estén protegidos.