Propaganda socialista desde el BOE

Como hemos denunciado reiteradamente, si nos hallamos en la actual tesitura electoral es a cuenta del fracaso palmario del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue incapaz de articular una mayoría parlamentaria en torno a su proyecto de Presupuestos Generales, que es el instrumento idóneo para desarrollar un programa político digno de ese nombre, tal vez, porque sus socios de aluvión en la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy buscaban unos objetivos que se compadecían poco con la gobernabilidad del país, su estabilidad y la gestión de los intereses generales. Obligado, pues, al adelanto de las elecciones generales, lo lógico y lo que marcan las leyes no escritas de los usos democráticos, era que el Gabinete saliente hubiera mantenido la mayor neutralidad institucional, atendiendo a aquellos asuntos marcados por la urgencia o predeterminados por el calendario. Sin embargo, y bajo la peregrina argumentación de que se trata de un Gobierno completamente vigente hasta el cierre de las urnas el próximo 28 de abril, el Ejecutivo socialista ha utilizado el BOE y el atril del Consejo de Ministros para llevar a cabo una escandalosa campaña electoral, promulgando una larga serie de decretos que se pretenden «sociales», pero que, en realidad, no son más que parches al proyecto presupuestario fracasado, eso sí, publicitados con todos los medios públicos a su alcance. Que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconociera paladinamente que era conveniente mantener la neutralidad que impone el periodo electoral y se refiriera como justificación a la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central por el Partido Popular, que todavía está en fase de resolución, sólo confirma lo que venimos diciendo y conocen todos los periodistas que siguen las ruedas del Prensa en Moncloa: la deriva mitinesca, en ocasiones tosca, de las intervenciones de la portavoz del Consejo y de algunos ministros, que no se recataban a la hora de rechazar las actuaciones e iniciativas de los partidos de la oposición con los tintes más negros de la demagogia. Pero si ayer se mantuvo una cierta contención verbal, volvió a reiterarse el uso del BOE en la maquinaria de propaganda socialista, esta vez con una batería de medidas de indudable alcance populista, como la ampliación de las ayudas a hijos de familias desfavorecidas o la extensión del subsidio a los parados de larga duración a los mayores de 52 años, sin más sostén presupuestario que unas previsiones de ingresos por incremento de las cotizaciones cifradas en 3.300 millones de euros que nadie en el Gobierno puede garantizar. Seguirán más decretos de este tipo, incluso aunque se llegue al filo de las urnas, porque, como reafirmó Celaá, se trata de un Gobierno pleno de potestades ejecutivas, que no entra en funciones hasta después de las elecciones. La argucia, sin embargo, se descubre fácilmente ante las dificultades que encuentra ese Gobierno de pretendida eficacia para abordar las reformas legislativas de calado, como la legislación laboral, ante la falta de apoyo parlamentario en la diputación permanente de las Cortes. Hay que insistir, pues, en que asistimos a un espectáculo inédito desde la Transición, protagonizado por un Ejecutivo en minoría parlamentaria, con su fecha de caducidad tasada, que pretende sustituir una acción política fracasada mediante el uso torticero de los reales decretos, un instrumento ejecutivo excepcional, mucho más cuando se emplea en período de elecciones. En resumen, propaganda partidista a cuenta de todos, que convierte la posición ejecutiva del PSOE en un ariete contra el resto de los partidos políticos con los que compite en las urnas. Pero tan burda, que no creemos que llegue a calar en una sociedad ya curada de electoralismos a base de barra libre presupuestaria.