Sortu debe ser ilegalizado

Un partido político que asume orgulloso la trayectoria de ETA, lo que incluye los 857 asesinatos cometidos por la banda terrorista en sus 50 años de existencia, no puede constituirse legalmente sin que el Ministerio Fiscal lo impugne. Pues bien, el congreso fundacional de Sortu, celebrado ayer en Pamplona, diez años exactos después de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna, contiene motivos suficientes para que la Fiscalía intervenga. En primer lugar, porque sus fundadores son los mismos que fueron disueltos judicialmente hace una década, y lo que entonces era conforme a Derecho lo sigue siendo hoy. En segundo lugar, porque el ideario político de la nueva formación justifica el terrorismo como «acción defensiva» ante lo que denomina «violencia estructural del Estado». Es decir, equipara el tiro en la nuca y el coche bomba de ETA con la labor antiterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En palabras del propio presidente de Sortu, Hasier Arraiz, se trató de una «confrontación armada». En tercer lugar, porque el nuevo partido se define a sí mismo como «depositario y relevo de las luchas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco», que encabeza y dirige ETA. En cuarto lugar, porque pone en el mismo nivel y les ortoga la misma valoración a los asesinados por los etarras que a los encarcelados de la banda. Dicho más claramente: para Sortu merecen la misma consideración Miguel Ángel Blanco que «Txeroki», Gregorio Ordóñez que De Juana Chaos, los niños asesinados en la casa cuartel de Zaragoza que los asesinos de Hipercor. Sólo por este intolerable agravio a la memoria de las víctimas, el fiscal general del Estado debería instar la legalización de Sortu. Si ETA ya no asesina desde hace meses es gracias a dos factores: al eficaz cerco policial y judicial y a que su brazo político fue ilegalizado. Por tanto, los herederos de Batasuna no pueden beneficiarse de la victoria del Estado de Derecho sobre la banda terrorista porque sería tanto como olvidar o, peor aún, despreciar a los ciudadanos asesinados durante estos diez años. Hay una última razón por la que Sortu debe ser ilegalizado: por congruencia judicial. Si su secretario general in péctore es Arnaldo Otegi y éste se encuentra cumpliendo condena por intentar reconstruir Batasuna, o bien se le pone en libertad, lo que contraviene la decisión de los jueces, o bien se deniega la inscripción legal de Sortu en tanto no condene los 857 asesinatos de ETA, pida perdón a las víctimas y colabore con la Justicia a esclarecer los 300 casos pendientes. Y, por supuesto, lo más importante: mientras ETA no entregue las armas y se disuelva incondicionalmente, su brazo político no puede participar en la vida democrática. Aunque sólo sea por la deuda contraída con los demócratas asesinados.