Embestida contra los jueces y la democracia

Para quienes aún defienden que la izquierda en el poder se ha propuesto virtuosamente la defensa de los derechos fundamentales y de los principios capitales de la democracia como la separación de poderes y la independencia judicial, los hechos se acumulan para ponérselo cada día más complicado por más que la verdad, o mejor su ausencia, se haya convertido en instrumento habitual de socialistas y comunistas. Si la amnistía, la proposición de ley que la regula y el argumentario que la acompaña no han sido lo suficientemente explícitos sobre las intenciones de La Moncloa, Sumar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, ha rematado el dilema con otro claro mensaje a los jueces y a la opinión pública sobre que la determinación de intervenir los tribunales constituye un objetivo primordial en esta nueva legislatura. El socio más extremista del gabinete ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales que se pronunciaron en una declaración institucional contra la amnistía a todos los encausados por el golpe contra el orden constitucional, incluidos los procesados por corrupción y terrorismo. Entre estos los doce CDR a los que la Fiscalía ha pedido penas de hasta 27 años de prisión por actividades criminales. La vicepresidenta del Gobierno y el resto de sus ministros han acusado a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa por promover una resolución «ilegal», «arbitraria» y que excede las competencias del CGPJ. Se ha aderezado esta última embestida del Ejecutivo con la reflexión del ministro plenipotenciario Bolaños sobre su voluntad de que el Consejo recupere el prestigio perdido. Entre líneas, y conocida la trayectoria de esta izquierda, ese fin únicamente se alcanzará cuando esté bajo su control absoluto como el Tribunal Constitucional y la inmensa mayoría de los organismos e instituciones del Estado. En este sentido, no estaría de más que se diera ejemplo con el «suspendido» Parlamento, aletargado y desconectado, sin autonomía ni pulso, al dictado de Pedro Sánchez. Si algo hay que agradecer a los responsables comunistas, es que cargan de razones a quienes han de librar la batalla en Europa en defensa de la democracia. La querella de Sumar es pura coacción y retrata al que la promueve. En cuanto a su contenido resulta complicado alcanzar mayores cotas de «insolvencia y mala fe», parafraseando a Pedro Sánchez. En este maltrecho estado de derecho, esta suerte de lawfare del poder ejecutivo contra el judicial no tendrá más recorrido que el propagandístico, otra cosa ocurriría en el sistema tan del gusto de la izquierda con el uso alternativo del derecho, la arbitrariedad y el despotismo. Hay una cacería política contra los jueces, a los que se quiere dóciles o amordazados. Lo próximo será el asalto definitivo al CGPJ para que la degradación de la democracia parezca irreconducible.