Esos políticos torpes, empachados de ideología

Circula por las redes una fotografía de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, veterana política socialista con 21 años de sueldos públicos en el refajo, visitando un solar sevillano en el que la Sepes, la promotora de pisos públicos que se ha sacado el Gobierno de la manga, va a levantar 984 pisos en régimen de alquiler asequible. Sonrisa profidén de la ministra, con su casco y su chaleco, que obvia dos pequeños detalles. Que el solar lo adquirió el Estado en 2008, es decir, casi dos décadas con las administraciones públicas mareando la perdiz, y que la Sepes ya está en números rojos antes de empezar. Hago esta anotación porque se trata de la misma ministra que ha sacado con gran alarde propagandístico unas ayudas de 30.000 euros para aquellos jóvenes menores de 35 años que accedan a una vivienda en alquiler con opción a compra, modalidad inmobiliaria pública absolutamente residual en España. De hecho, salvo en Baleares, donde se han levantado 33 de estas viviendas en 2024, en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha no se ha construido ni una sola de estas viviendas en los últimos 11 años. En Madrid y Andalucía sí, pero tampoco en número como para tirar cohetes. Pero ahí está nuestra ministra inaugurando obras fantasmas y ofreciendo ayudas completamente inútiles. Mire, señora Rodríguez, se construyeron es España más viviendas protegidas en 2008 y 2009, unas 150.000, que en toda la última década. Y, eso, a pesar del «repunte extraordinario» de 2024, con 14.000 pisos con algún tipo de protección. Pero para los torpes que nos gobiernan, atiborrados de una ideología que identifica cualquier proyecto inmobiliario con prácticas de corrupción y que señala a los caseros como capitalistas sin alma, el problema son los pisos de uso turístico (el 1,4 por ciento de todo el parque español), los millonarios americanos que suben los precios en la Castellana, los jubilados ingleses que compran segunda vivienda en pueblos costeros y, por supuesto, los malvados especuladores que tratan de ganar dinero ejerciendo una actividad empresarial que es clave en el desarrollo de cualquier país y a quienes hay que atar en corto, llevando sus proyectos a los tribunales, a ver si se arruinan ahogados en requerimientos judiciales. Y esos tipos, que en cuanto ganan dos duros, públicos, claro, no le hacen ascos al chalé con piscina en la sierra de Madrid o al ático coqueto en el centro de Barcelona, imponen leyes y normas pretendidamente sociales, que han fracasado allí donde se han aplicado, como está ocurriendo en Cataluña, y que traslada sobre los hombros de los particulares la responsabilidad constitucional de dar un techo digno a quienes viven en España. Incluidos, por supuesto, los tres millones de inmigrantes que han llegado a este país en los últimos 20 años, que ganan sueldos bajos, que trabajan mucho y en labores que los locales ya no queremos hacer, pero que son imprescindibles, y a muchos de los cuales no se les da otra perspectiva que alquilar un cuarto con derecho a cocina por 500 euros al mes. Nos hemos pasado 20 años escuchando a la izquierda progresista hablar mieles de la inmigración, pero parece que a estos torpes no se les pasó por la cabeza que habría que proporcionar un techo asequible a los recién llegados. De los jóvenes españoles, ni hablamos, que ahora votan a Vox.