Justicia

Baltasar Garzón insiste al CGPJ que está obligado por la ONU a restituirle como juez

Reitera que tiene que cumplir con el dictamen que reconoció que se le apartó con una triple vulneración de sus derechos fundamentales

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón denunció al periodista por injurias por vincularle con un "grupo mafioso"
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en una imagen de archivolarazon

Baltasar Garzón se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para insistir en que está obligado a restituirle como magistrado, en base a un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El exjuez reitera al Poder Judicial que Naciones Unidas reconoció, en julio de 2021, que sufrió una triple vulneración de sus derechos fundamentales cuando se le apartó de la Carrera. Una resolución que, defiende, es vinculante y de obligado cumplimiento para el Estado español y, por extensión, para el propio CGPJ.

A través de su representación letrada, acusa al órgano de gobierno de los jueces de estar evitando abrir un procedimiento ordinario para rehabilitarte. Y, con ello, de estar reduciendo a un "mero papel mojado carente de más mínimo valor jurídico" el dictamen de la ONU. Lo que, advierte, va "en contra de la doctrina jurisprudencial".

Garzón recuerda, en este sentido, que el comité de Derechos Humanos resolvió que "fue privado de su cargo público", dejando de ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN), sin haber sido sometido a un tribunal "independiente e imparcial"; sin derecho a "doble instancia o apelación", ni "a obtener una resolución no arbitraria y previsible".

En consecuencia, el que fuera magistrado instructor de la AN, que ahora dirige el despacho Ilocad, subraya al CGPJ que tiene la obligación de repararle, autorizando que recupere el cargo del que fue privado, por decisión, en su momento, del propio Consejo. Y aprovecha para recordar que tampoco el Ministerio de Justicia le ha compensado por los daños sufridos.

Da este nuevo paso después de que, a principios de mes, el órgano acordarse inadmitir "por carencia manifiesta de fundamento" la petición del exjuez para que se anulase el acuerdo por el que, en 2012, decretó su expulsión de la magistratura tras ser inhabilitado por la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados del "caso Gürtel".