España precisa del reparto del agua de los ríos, vital para la economía

Estamos en periodo electoral, y cualquier conflicto, por pequeño que sea, se convierte en munición para emplear contra el adversario político. Y si no hay conflicto, se inventa. Sin embargo, este tiempo electoral coincide con una temporada de sequía y el tema del agua se ha convertido en la munición ideal, dada la importancia de este elemento para la economía, escasez que ha afectado siempre a España.

Así, la poesía española tiene un ejemplo casi centenario de reivindicación de la correcta distribución del agua. La suscribe Miguel Hernández. Conocedor de la sed histórica de agua y de justicia del levante y sureste español: «Donde no haya río, habrá canales de agua y granito, que están pidiendo en un grito el Tajo y el Ebro ya. Acueductos con estruendo de carros y de animales a la grupa de los cuales vendrán los hombres riendo. Aquí ya no vive el río. Pero vive el hortelano».

Al amanecer el siglo XXI en España el gobierno de Zapatero frustró las reivindicaciones históricas de valencianos y murcianos. Cedió a las pretensiones de sus aliados políticos de Cataluña para que el agua del Ebro acabase siendo trasvasada a Barcelona y no hacia el seco sur.

Aquella campaña de «Agua para todos» fue abortada por intereses políticos de permanencia en el poder. Se vendió el campo valenciano y murciano por los votos que necesitaba Zapatero para mantenerse en el poder. Primando el interés por conservar el gobierno a las necesidades de la sociedad.

Miguel Hernández alzaba su voz y su poesía para poner fin al desperdicio de los recursos hídricos que significaba dejar sin aprovechamiento el agua de los cauces de los ríos que acababa en el mar: «Cerca del agua perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar».

En Israel, en 2007 se creó la Autoridad Nacional del Agua, organismo público pero a la vez independiente de los políticos y gobiernos de turno, aunque es de titularidad pública, en la práctica funciona como una empresa privada buscando la mayor eficiencia. Nace bajo la premisa de que toda el agua del país es un bien público y su propietario es el Estado. En pocos años Israel pasó de ser un país casi desértico a ampliar enormemente su superficie de cultivo de regadío, inundando el mercado europeo de su producción hortofrutícola, asegurando también el suministro de agua de boca hasta en el último rincón del país.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en el verano de 2020 su encuesta sobre el uso del agua en regadíos en España, cuantificando en 15.495 hectómetros cúbicos la cantidad de agua destinada al cultivo. La racionalidad en el consumo de agua para el campo ya está instalándose en España; el primer método de regadío es ya el goteo, que capta el 40,4 por ciento del total del líquido elemento. Le sigue el método tradicional de riego por gravedad, con el 32,9 por ciento y en tercer lugar la aspersión, con el 26,7 por ciento. Estos dos últimos sistemas aún son responsables del 59,6 por ciento del uso del agua, y deben ser objeto de estudio para alcanzar mayor eficiencia y aprovechamiento del agua con mucho menor volumen.

La mayoría de este agua se destina al cultivo de herbáceos, a los que se destina el 54,4 por ciento del total. Le siguen por consumo de agua los frutales, que requieren del 16,7 por ciento y en tercer lugar las patatas y hortalizas, que absorben el 11,1 por ciento.

La mayor parte del agua dedicada al riego, el 74,3 por ciento, fue de origen superficial, mientras que la subterránea representó el 23,9 por ciento. Únicamente el 1,8 por ciento procedió de agua desalada o regenerada. España cuenta con 765 plantas para desalinizar el agua, cantidad manifiestamente insuficiente por el pequeño porcentaje de agua que representa sobre el total.

El agua, o mejor dicho, la escasez de la misma, provocará conflictos armados entre naciones vecinas en lo que resta del siglo XXI. En España no hay una autoridad única que ordene y disponga este recurso vital para el suministro a la población y al campo. En su lugar las cuencas hidrográficas y los gobiernos autonómicos «arriman el ascua a su sardina».

El agua es un bien único y de todos los españoles. Ningún «señor feudal» ni «Taifa» del siglo XXI puede apropiarse de ella.