El español, ventaja competitiva

La Unión Europea se encuentra inmersa en intensos debates y negociaciones internas, para hacer frente a retos de enorme envergadura y complejidad.

Internamente, existe el compromiso de la Comisión Europea de proponer a los Estados miembros una batería de reformas que simplifique su regulación y funcionamiento interno, para aumentar la competitividad de nuestras empresas en el comercio internacional, en línea con el «Plan Draghi». Además, intenta ayudar a los países que la componen a que eleven muy sustancialmente su inversión en seguridad y defensa, hasta alcanzar, por ahora, el 2% de su PIB (esperemos a las conclusiones de la próxima Cumbre de la OTAN para saber si no se incrementa ese compromiso al 3%, o incluso más allá). Por último, comienza a debatirse el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea, que definirá los límites de gasto y prioridades presupuestarias hasta el año 2033 nada menos.

En el ámbito exterior, se están afrontando las muy complejas negociaciones con la Administración norteamericana sobre los aranceles que amenazan a las importaciones procedentes de la Unión Europea, y en paralelo se procura abrir nuevos mercados con otras potencias económicas mundiales, significativamente China e India, y con países emergentes (por ejemplo, ratificando el acuerdo con Mercosur). Y al mismo tiempo, se sigue debatiendo, y actuando, en el conflicto bélico en suelo europeo, por la invasión rusa de Ucrania.

En ese muy exigente contexto Comunitario, nuestro gobierno parece haberse fijado como prioridad la inclusión del catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales de la UE, generando la lógica incomodidad de nuestros socios europeos.

Hoy son 24 los «idiomas oficiales» de la Unión Europea, que dan derecho a comunicarse en esas lenguas, según regula el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que no pueden ocultarse las implicaciones de una medida de esta naturaleza. Como editorializó La Razón el pasado miércoles, tal medida tendría consecuencias en el orden económico, jurídico, político y práctico, como intentaremos someramente explicar, lo que provocó que, a pesar de la intensa actividad del gobierno español, y al máximo nivel (según declaración explícita de varios ministros), 7 países se pronunciaron en contra, mientras que otros manifestaron que no estaban en condiciones de votar, por lo que la presidencia polaca de turno aplazó «sine die» la votación (cabe recordar que para que prosperase se requiere la unanimidad).

La oficialización de las tres lenguas cooficiales en tres regiones españolas tendría un coste, que España se ha comprometido a asumir, de unos 130 millones de euros anuales, es decir, tres veces más que la última medida social anunciada a bombo y platillo por el gobierno (ayudas a los niños para gafas y lentillas).

En el ámbito político, supondría abrir las puertas para que otras 50 lenguas pudieran reclamar el mismo tratamiento, so pena de generar discriminaciones, y por lo tanto serios problemas de explicación para los gobiernos de aquellos países en los que conviven varias lenguas.

En términos prácticos, cualquiera que haya estado en una reunión formal en alguna de las instituciones europeas conoce la enorme estructura de intérpretes que se despliega para atender a las exigencias de sus participantes, de poder expresarse y oír hablar en su lengua materna. En cada cabina de interpretación hay dos personas, lo que conlleva que en la mayoría de las reuniones haya muchos más intérpretes que asistentes. Y si alguna cabina de interpretación no funciona, la reunión no puede proceder. Hasta tal punto que hay un movimiento para reducir las lenguas de trabajo oficiales a 3, inglés, francés y alemán, a lo que lógicamente los españoles siempre se han opuesto. Por lo tanto, añadir otras 3 lenguas supondría agravar aún más el problema.

El día a día en las instituciones europeas supone una negociación continua, donde el aforismo latino dou ut des, adquiere pleno sentido. Yo te hago un favor, tú me das algo a cambio, o me lo debes. El servicio exterior de España está pidiendo apoyos que, tengan o no tengan éxito, suponen contraprestaciones o deudas. Nada es gratuito. Desde una perspectiva de Estado, esta estrategia carece de sentido.

Los españoles y nuestras empresas, tenemos una ventaja competitiva respecto a otros nacionales por utilizar una lengua pujante en todo el mundo. Es una pena comprobar el empobrecimiento de algunos jóvenes españoles porque sus sistemas educativos debilitan el dominio del español, lo que se refleja en las evaluaciones escolares en algunas comunidades autónomas, y se pone en evidencia en declaraciones o escritos de algunos jóvenes relevantes socialmente cuando se expresan o escriben en castellano. Debiera ser una prioridad defender y fomentar un bien común como lo es nuestro idioma, al margen de cuestiones partidistas.

Gerardo Galeotees abogado ADCECIJA. Fue Miembro del Parlamento Europeo.