Escribo con cierta tristeza estas líneas. Pena personal pues a lo largo de mi carrera he mantenido que solo era legítimo expresar ideas si al final se indicaba una senda hacia cierta meta; meta que debería ser siempre positiva. Pero hoy voy a romper esta promesa frente al espectáculo que está ofreciendo la clase política ante los incendios que arrasan parte importante de nuestras tierras. Me siento ciertamente pesimista pues no hay esperanza racional de que nuestro sistema político y las personas que lo dirigen mejoren a corto plazo. Por segunda vez en poco tiempo, nuestro enemigo actual más temible, la Naturaleza desbocada, ha mostrado más coherencia que la correspondiente respuesta humana. Primero fue la dana y sus inundaciones en Valencia y Castilla La Mancha. Hace solo unos días, los incendios especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que vienen mostrando que el cambio climático, si es que así preferimos denominar a la naturaleza alterada por nuestra forma de vivir; una especie de versión actualizada de Sodoma y Gomorra -esta vez por nuestros pecados medioambientales - se ha mostrado como un adversario superior a nuestro dividido sistema político, lo que venimos denominamos democracia aunque mejor sería llamarle partitocracia por quien son sus protagonistas reales. Estos anteponen a las necesidades de la sociedad española el dar bien remunerado empleo a los políticos afines. La Naturaleza es un concepto generalmente benigno; vamos que tiene buena prensa. Pero los marinos, entre otros profesionales, sabemos que a veces, solo a veces, es también un temible actor. Ante este desafío, unos dirigentes políticos por seguir en sus sinecuras, otros con la esperanza de alcanzarlas pronto y unos terceros ante las posibilidades que ofrece un populismo pobre en realidades pero rico en quimeras, están priorizando sus ambiciones sobre la gobernabilidad de esta rica, pero a la vez pobre intelectualmente, España dividida entre demasiadas comunidades artificiales que oscurecen la realidad de unos intereses e historia en común ¡Qué triste espectáculo! No logro ver luz al final del túnel.

Cuando la vigente Ley de Protección Civil 17/2015 se promulgó el Estado tenía ya el instrumento básico de actuación para hacer frente a las catástrofes de nivel nacional: la Unidad Militar de Emergencias (UME), que esta Ley trató de encajar para que interactuara con las comunidades autónomas (CCAA). Pero poder no es lo mismo que querer y el Ministro del Interior o los Delegados del Gobierno –lejanos herederos de aquellos más ejecutivos Gobernadores Civiles del régimen anterior – pueden solicitar este estado de alarma nacional. Pueden, pero en la practica no quieren, al preferir el desgaste de sus adversarios en las comunidades aunque arda media España. Los presidentes de las CCAA, también autorizados para solicitarlo, prefirieren no hacerlo para evitar proyectar una imagen de cierta impotencia. La consiguiente descoordinación va en aumento cuando hace falta la colaboración de unidades militares superiores a la UME en las emergencias 3 de nivel nacional. También se ha detectado últimamente una predisposición de la población civil afectada para colaborar en la ayuda logística en los incendios pero sin llegar a estar encuadrada en el voluntariado que preveía la Ley y careciendo pues de adiestramiento y equipo adecuado. Estos voluntarios suelen ser abandonados por las CCAA fuera del periodo veraniego de riesgo de incendios. Es decir que efectivos humanos y materiales para hacerlo mejor, por ejemplo en las tres comunidades más afectadas, sí que existen; lo que falla es la coordinación que a nivel 3 de emergencia nacional tendría que conseguirse. Además debería ser el Presidente del Gobierno y no el Ministro del Interior, como prevé la Ley actual, el que coordine a este nivel que requiere la enérgica y simultánea actuación de varios Ministerios y de las Fuerzas Armadas. Así se demostró en la dana de Valencia, en la crisis del Covid del 2019, aunque en otro contexto sanitario, e incluso con la Marea Negra del lejano «Prestige».

Lo que nunca podía suponer la Ley 17/2015 es que llegaran a coexistir múltiples emergencias de nivel 2 sin declarar consecuentemente el nivel 3. La deficiente coordinación de la Dirección de Protección Civil de todos estos niveles 2 simultáneos está siendo parcialmente aliviada por el enlace directo entre los diversos Centros de mando de la UME desplegados en las comunidades afectadas, pero sin que esto pueda suplir totalmente los vacíos de la organización en vigor y la falta de voluntad política de asumir riesgos.

Otro importante aspecto es la imprescindible prevención de los incendios forestales. Debería estar coordinada por el denominado Ministerio de Transición Ecológica, o el organismo que le sustituya si algún día logra desprenderse de la carga ideológica utópica que arrastra: la defensa del lince ibérico, ciertas mariposas o la humilde piña caída, podrían ser hipotéticos ejemplos. Menos biodiversidad teórica y mas dar prioridad a la prevención de la destrucción del medio ambiente común para todos, incluidas las personas.

Ante el cambio climático en el que estamos entrando aceleradamente deberíamos hacer muchas cosas aunque me temo que van a ser pocas. Es difícil no sentirse triste. Perdonen este melancólico pensamiento de cierre pero es que me preocupa el mundo que estamos dejando a nuestros nietos.

Ángel Tafalla. Académico correspondiente de la Real de Ciencias Morales y Políticas y Almirante ( r )