Túnez defiende su independencia judicial tras las críticas por los arrestos de políticos

El Ministerio de Exteriores de Túnez ha declarado que la Justicia "no cederá a la presión" de sus socios tras las críticas por la última campaña de detenciones contra opositores del presidente Kais Said y denunció una "injerencia inaceptable" en los asuntos internos del país.

"Túnez, que respeta escrupulosamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, recuerda a quienes no se han "preocupado" por la gravedad de los riesgos en los que incurren sus declaraciones irresponsables y peligrosas, que las leyes de la República se aplican a todos los acusados sin excepción, con todas las garantías legales", aseguró la cancillería en un comunicado de prensa.

Unas declaraciones que, señaló, podrían tener un impacto negativo en los esfuerzos realizados por el Estado para resolver la crisis económica y financiera "causada por la mala gobernanza y por aficionados que han caracterizado la última década y cuyas consecuencias siguen sufriendo los tunecinos".

"Estas comunicaciones constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Túnez que emana de partes que, sin embargo, están informadas sobre las realidades del país", concluyó el Ministerio.

El expresidente del Parlamento disuelto y líder islamista, Rached Ghannouchi, de 81 años, fue detenido este lunes por la brigada antiterrorista por orden de la Fiscalía después de una declaraciones "provocativas" en las que afirmó que "Túnez sin Ennahda, sin islam político, sin izquierda o sin otra forma de oposición, es un proyecto de guerra civil".

Otros seis miembros de Ennahda han sido arrestados en el mismo caso después de que la Policía registrara sus domicilios y clausurase las oficinas del partido, cuyas reuniones han sido prohibidas en todo el territorio.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió hoy a las autoridades poner fin a su "desenfrenada represión" contra todas las formas de disidencia legítima a través de arrestos arbitrarios y procesamientos cada vez más "politizados".

Desde el pasado mes de febrero, las detenciones han aumentado y una veintena de destacados jueces, políticos, periodistas y empresarios se encuentran en prisión provisional, bajo la ley antiterrorista, por un supuesto delito de "complot contra la seguridad del Estado".

Un caso "vacío", según la defensa, que trata de atacar cualquier intento de la oposición por organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.