Mañana comienza un mes de julio que se anuncia más «caliente» que todos los anteriores vividos en 50 años, y no solo por las elevadas temperaturas –que se anuncian y ya se experimentan– sino también en el plano político. De hecho, para los tres primeros días del mes está convocada una huelga de jueces y fiscales en toda España, de lo que no tenemos precedentes, lo que es una prueba de la gravedad de la situación existente para la independencia del poder judicial y del Estado de Derecho. Cuando menos, esta es la opinión de las asociaciones convocantes, que precisamente son las representativas de la mayoría de los profesionales de administrar la justicia en España. El triministro Bolaños afirma (como marca el guion oficial) que en sus iniciativas de reforma del acceso a la carrera judicial y del estatuto orgánico del Ministerio Público no hay motivo alguno que justifique esa huelga. Al igual que para la concentración ante el Tribunal Supremo del pasado sábado, pero lo cierto es que hay motivos más que suficientes para desmentirle. Lo que no es ninguna novedad, conocida la acreditada incompatibilidad del sanchismo con la verdad. Las reformas que el sanchismo pretende imponer tienen directa relación con los procesos judiciales que rodean a la persona de su jefe, con su familia, su partido y el cuarteto del Peugeot que le devolvió al mando de su PSOE. Sin olvidar a su Fiscal General, investigado por presuntos delitos derivados de no actuar al servicio del Estado de Derecho, sino al servicio del interés político de su jefe. En estas circunstancias, pretender que la instrucción judicial la realice la fiscalía es un despropósito absoluto. Es cierto que en otros Estados democráticos ejercen esta función, pero no tienen ni a su fiscal general procesado ni al sanchismo en su gobierno que afirma: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso». En cuanto al acceso y promoción, los atributos de «mérito y capacidad» hasta ahora considerados como esenciales, desaparecen. Así, en lugar de las oposiciones, Bolaños pretende que accedan los «sustitutos» directamente al ejercicio de la carrera como titulares, con el único requisito de llevar cinco años dedicados a esa función. De esta forma, unos 1.400 «sustitutos» pasarían directamente y sin oposición ninguna a ser jueces y fiscales de carrera. Además de la modificación del 4.º turno y de que los preparadores de los opositores sean solo los que designe un centro oficial dependiente del Ministerio de Bolaños. Ya el gran San Agustín, en el siglo IV, escribió que «un gobierno sin justicia se convierte en una banda de ladrones».