El Gobierno de la opacidad contra la Ley

El Gobierno tendrá que responder por el dispositivo de seguridad del presidente y su familia en el palacio de La Mareta (Lanzarote). Todo lo que rodea a Sánchez se encuentra rodeado de un hermetismo absoluto que no responde a la práctica saludable de comunicación institucional de un Estado de Derecho. Ya hemos normalizado que los recursos públicos en una cuantía sin tasa y con fiscalización dudosa se consuman al servicio del tiempo privado de un presidente y un séquito notable como si el dinero de los españoles no fuera sagrado del primero al último euro. Hay que recordar a los socialistas tantas veces como sean necesarias que el dinero público sí tiene dueño. Obviamente, la protección del símbolo de la Presidencia, y de quien la ostente, debe ser una prioridad de interés general, pero también el conocimiento exhaustivo del alcance y el presupuesto del despliegue que lo acompaña tiene que estar a disposición de la oposición parlamentaria por los circuitos adecuados sin que fuera necesario mayor esfuerzo ni pleito. No es lo común con el sanchismo. Al contrario. En España sufrimos desde hace siete años al Gobierno más opaco de Europa y al presidente que ha puesto más ahínco y determinación en ensombrecer sus actividades y la de sus colaboradores. Hasta que decidieron cerrar la ventana para controlar la tara y el daño, Sánchez acumulaba un récord de falta de transparencia por número de denuncias en el Portal del Buen Gobierno. La incomunicación o el silencio, cuando no la desinformación, responde a una pauta y a la directriz de una administración y un liderazgo alérgicos a la rendición de cuentas sea en el Parlamento, en ruedas de prensa que respondan a ese nombre, entrevistas independientes o comparecencias públicas en entornos no controlados por Moncloa. En este terreno de la opacidad el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha acumulado siete años de serios reproches sobre la ausencia de progresos en materia de limpieza, ética y transparencia democráticas. Los desmedidos altos cargos y asesores, la falta de códigos éticos, los riesgos de conflictos de intereses, los aforamientos, la injerencia de los «lobbies», la publicidad de las agendas oficiales... representan la adulteración de cualquier código del buen gobierno exigible en una democracia. Es bochornoso que en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España se encuentre entre los peores de la Unión Europea y también que el 89% de los encuestados crea que la corrupción está extendida en España (la media UE es del 69%). La transparencia es el primer paso para reducir el trapicheo político. Un Gobierno que la sabotee y envuelva sus actos en las sombras y la oscuridad, fuera del foco de la auditoría y la depuración de responsabilidades, envilece la democracia.