La terrible oleada de incendios que está sufriendo España ha dejado al descubierto ante la opinión pública una larga serie de disfunciones y carencias que alcanza a la responsabilidad de un gobierno que no sólo yerra en los planteamientos ideológicos, sino que carece del respaldo político suficiente para encarar desafíos que vayan más allá de sostenerse el próximo otoño. La puerilidad de las recientes declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, a cuenta de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, señalando la obviedad de que el Ejecutivo opera en un escenario en el que ya no existe el bipartidismo y hay que negociar con múltiples sensibilidades, es síntoma, uno más, de los nervios que atenazan al partido gubernamental ante la reanudación del curso político. La preocupación por un final brusco de la legislatura, que deje sin cumplimentar algunas de las cesiones arrancadas a Sánchez por los nacionalistas también alcanza a sus principales socios de investidura, ERC y Bildu, cuyos principales dirigentes, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegui, se reunieron ayer para analizar la actualidad política, conscientes de que sus votos no son suficientes para aprobar unas Cuentas, que ya serían de 2026, cuestión que empieza a tener consideración de urgencia ante el desfase presupuestario creado por la prórroga dos años consecutivos de los PGE de 2023. Incluso entre los sectores más próximos al Gobierno se admite que un ejercicio más sin aprobar las cuentas públicas sería un factor determinante en el adelanto electoral. Entre los socios del Ejecutivo ya se especula con esta posibilidad por más que desde los equipos de propaganda de La Moncloa se insista en que las negociaciones van por buen camino, algo que se compadece mal con las afirmaciones de Carles Puigdemont, cuya formación, Junts, sí es determinante para la aprobación de los PGE y que viene reclamando a Pedro Sánchez el cumplimiento de las demandas acordadas, como el cupo catalán, el incremento de las inversiones del Estado en Cataluña y las transferencias en materia de fronteras que, por su propia naturaleza, el Gobierno tiene muy difícil cumplimentar sin desatar la airada reacción del resto de la comunidades autónomas, entre ellas las que gobierna su propio partido. Se nos dirá, y es cierto, que Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de gobernar sin las cuentas públicas, por medio de extensiones de crédito, y que no conviene descartar una nueva prórroga de los Presupuestos de 2023, pero esa decisión tendrá un coste político importante que habría que sumar a otros factores de desgaste popular de su gobierno como los procedimientos judiciales por corrupción que afectan a su entorno familiar más inmediato, que pueden cristalizar a principios del año próximo o finales de este. Realmente, este otoño no va a ser una reentrada fácil para la izquierda gobernante. Hacen bien en estar preocupados.