La Moncloa ofreció este sábado una nueva entrega del culebrón sobre las andanzas judiciales de Begoña Gómez con un buen golpe de efecto. TeleSánchez y sus activistas, junto con la fiel izquierda mediática, habían calentado el ambiente sobre su comparecencia ante el juez Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación, será juzgada por un jurado popular. Estaban convocados, también, su amiga Cristina Álvarez, colocada como asesora en el gabinete del presidente del Gobierno, y Francisco Martín, uno de los mayores bocazas del sanchismo, recompensado con la delegación del Gobierno en Madrid. Desde que se conoció el auto, el titular del juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid había recibido los más variopintos ataques y, por supuesto, la habitual descalificación de su instrucción. Es algo pintoresco, porque los sesudos opinadores y tertulianos que participaban en el auto de fe de la Inquisición mediática tienen menos conocimientos de Derecho que mi perra Lolita. Tras leer los argumentarios socialistas y consultar a algún cuñado abogado, se lanzaban al ruedo para linchar a un juez que ha tenido el insufrible atrevimiento de investigar a la familia presidencial. Por supuesto, se apuntaron al aquelarre algunos profesores de medio pelo ansiosos de promocionar.

Otra pata de la estrategia fue meterse con la fecha elegida para la comparecencia, ya que era sábado y los tres afectados más su asistencia letrada tienen derecho a la plácida tranquilidad del fin de semana. Creo que la vicepresidenta Yolanda Díaz debería ordenar que se le abra un expediente a Peinado para investigar si ha incurrido en alguna falta. En cualquier caso, ofrece muy mala imagen trabajando un sábado. Finalmente, se transmitió el mensaje de que habría un amplio despliegue policial para garantizar la seguridad de la segunda dama y que entraría por el garaje. Como no me gusta que nadie lo pase mal y sufra la pena del telediario, me pareció bien, aunque no se hizo lo mismo con la hija del entonces jefe del Estado. Ahora sabemos que no era más que una cortina de humo, ya que ninguno de los tres pensaba comparecer y le dieron un plantón al juez, amparándose en una interpretación de la Fiscalía en una circular de 1995 sobre los trámites de la Ley del Jurado. Por ello, no se entiende por qué se mantuvo ese importante dispositivo de seguridad.

La defensa de Gómez y de los otros dos investigados pidió el archivo de las actuaciones, ya que considera que no ha cometido ninguna malversación de fondos públicos. Por supuesto, el Ministerio Fiscal actúa como parte de la defensa y nunca iría en contra del jefe, que no es otro que Sánchez. Desde luego, no podría alegar indefensión si hubiera optado por prescindir de Camacho, que es el mejor abogado que ha visitado el foro madrileño desde los tiempos del genial Manuel Cortina, uno de los grandes juristas del siglo XIX. Creo que el decano del Colegio de Abogados de Madrid debería instituir un premio con el nombre de «Antonio Camacho». Me ha gustado cuando ha argumentado que ha pedido el archivo de la causa «por no ser los hechos constitutivos de delito». Es un argumento deslumbrante y a nadie se le había ocurrido. No es necesario aclarar si Álvarez realizaba tareas vinculadas a la actividad profesional de su amiga más allá de alguna gestión puntual. En este terreno, los activistas de TeleSánchez han sido muy generosos en sus valoraciones sobre esa ayuda con el fin de defender a Begoña. El resultado será un precedente interesante sobre cuál debe ser la función de un asesor, ya que si está permitido que ayude en los negocios personales de la pareja de un alto cargo, se supone que podrá hacer lo mismo para el titular. Es muy recomendable, entonces, nombrar algún gestor de fondos e incluso estaría bien que utilizara información privilegiada para invertir en Bolsa. Con el sanchismo, el cielo es el límite.

Es cierto que, formalmente, ni nombró ni pagó a Álvarez, salvo con el honor de la amistad. A estas alturas todavía no tengo claro ni quién la nombró ni cuáles eran sus funciones. Con el fin de retribuirla con holgura y estar con su amiga, le dieron un chollo en el gabinete del presidente del Gobierno. En este punto hay que aclarar que, desgraciadamente, es una práctica habitual y algunos piensan que al conseguir el poder se adquiere un derecho de propiedad sobre la Administración del Estado similar al botín que se lograba en el pasado tras una victoria militar. Ningún Gobierno socialista había alcanzado el nivel deplorable que nos ha deparado el sanchismo con su asalto a los ministerios, los organismos y las empresas públicas. Álvarez o Martín son dos ejemplos, que se unen a los Ábalos, Cerdán o Koldo, sobre la nula aplicación de los criterios de mérito y capacidad.

A diferencia de lo que hacen los sanchistas en TeleSánchez y desde su poderosa armada mediática, hay que defender la presunción de inocencia, colaborar con la Justicia y respetar la labor de los jueces sin insultarlos y descalificarlos. He de reconocer que es una batalla perdida, ya que solo les gustan jueces como Conde-Pumpido y sus mariachis, que siempre están en primer tiempo de saludo, dispuestos a seguir las directrices de La Moncloa. A estas alturas me quiero sumar a las voces que piden mayores recursos para el aparato mediático sanchista, porque el dinero público está para machacar, vilipendiar y descalificar al primer partido de España. No hay que cumplir ningún criterio de servicio público, porque no existe ninguno mejor que apoyar a Pedro Sánchez. Luis XIV nunca dijo «el Estado soy yo», pero esta frase la podría pronunciar el líder del PSOE. En lo que sí coinciden es en su convicción de que el absolutismo es la mejor forma de gobierno y, por ello, nada más coherente que dar un plantón a un juez.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)