La Prensa en España vive dividida entre dos aguas, entre buenos y malos según el prisma con que se mire; entre los que defienden la Justicia y los que hablan de «lawfare»; entre los que hablan de corrupción sistémica del PSOE y los que aseguran que todo son bulos y máquina del fango; entre los medios serios y los supuestos «seudomedios»; entre la «fachosfera» y los palmeros subvencionados desde Moncloa. Y así se podría seguir, no hasta el infinito, pero sí hasta una distancia considerable. Según todos los tratados, la labor de la Prensa debe ser informar verazmente, formar opinión y educar a la sociedad sobre los asuntos de interés público, sirviendo como un pilar fundamental para las democracias al permitir a los ciudadanos tomar decisiones informadas y hacer contrapeso al poder. Una función que se debe realizar a través de la investigación, el análisis y la difusión de noticias. Lo corrobora la IA cuando le preguntas, y lo saben los que desde su posición de poder intentan tomar ventaja y decidir lo que es veraz o no, siempre que beneficie a sus fines, claro. Eso es lo que ha vuelto a pasar esta semana, con un nuevo escándalo de corrupción que vuelve a salpicar al PSOE de Pedro Sánchez. Ese PSOE que siempre que puede tira de bulos y fangos para defenderse de informaciones periodísticas que, al final, prueban su veracidad gracias a informes policiales y sentencias judiciales que dejan en evidencia las acusaciones y los señalamientos que los adjuntos del presidente lanzan con el mismo tono y sentido una y otra vez. Pero un episodio surgido esta semana deja claro que los tentáculos de la fontanería de Ferraz se extienden allí donde más les duelen las derrotas electorales. Lo han intentado en Madrid, enfangando contra Ayuso; han repetido en Andalucía contra un Juanma Moreno que crece exponencialmente mientras su rival en las próximas elecciones, María Jesús Montero –la fiel más fiel de Sánchez, la que más fuerte aplaude–, se empequeñece en las encuestas, que la alejan de un triunfo electoral que se ha tornado imposible. Y lo han repetido ahora en Murcia, contra un Fernando López Miras al que no son capaces de derribar por las buenas, y parecen haber optado por hacerlo por las malas. Lo ha descubierto la Unidad de Delincuencia Tecnológica de la Guardia Civil, a instancias del juzgado número 3 de Cartagena, que ha presentado un informe en el que destapa pagos de hasta 45.000 euros de dinero público a una web para que sus informaciones atacaran y criticaran la gestión del Gobierno de López Miras. Es decir, usar bulos y «seudomedios» como arma arrojadiza para acabar con un rival político, las mismas armas que dicen denunciar. Al PSOE y al Gobierno se le acumulan los escándalos y las corruptelas campan a sus anchas con fontaneros infiltrados entre las filas socialistas que manchan su dignidad política.